La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó restituir los salarios que ganaban en 2018 los empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), antes de que entrará en vigor el tope salarial impuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El criterio se aplicará mientras el Pleno de la Corte resuelve las controversias interpuestas por órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), al tope salarial y el recorte a sus recursos aplicado en el Presupuesto de Egresos (PEF) de 2019.
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En mayo, la Corte ordenó al Congreso que durante el próximo periodo ordinario de sesiones aclare cómo se debe calcular el salario del presidente, ya que establece un tope para el resto de los empleados de la administración pública.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la sala aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien declaró fundado el recurso de reclamación promovido por el IFT, luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán rechazó otorgarles la suspensión en la controversia constitucional que interpusieron contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, impulsada por López Obrador y que ha enfrentado una serie de controversias ante la SCJN.
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En mayo pasado, la Corte invalidó por unanimidad fracciones de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones.
De acuerdo con los ministros, existe una discrecionalidad en los artículos invalidados respecto a la fijación del salario presidencial, pues no establece los parámetros que marca la Constitución.
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La SCJN también invalidó los artículos 217 bis y 217 del Código Penal Federal, que tipificaban el delito de remuneraciones ilícitas.
Aunque no se invalidó todo el decreto, la Corte determinó que eran correctos los argumentos formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores, demandando la invalidez de estas disposiciones.
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La Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, fue aprobada por el Legislativo en septiembre del año pasado.
Se trata de una ley que fija un tope salarial, elimina las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley y los pagos no autorizados.
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Aplicaría al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales administrativos, la Fiscalía, la Presidencia, dependencias federales, organismos y empresas del sector paraestatal.
López Obrador se redujo el salario 40% para quedar en 108.000 pesos al mes, lo que significa que ningún servidor público puede superar esta cifra, a menos que desempeñe diversos empleos públicos o realice un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. En ese caso, pueden tener un máximo de hasta 160.000 pesos.
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