El Ejército es la institución en México que más ha tenido enfrentamientos con civiles. Del 2006 a 2018 hubieron 4.495 combates; cifra que rebasa las de la Marina y Policía Federal juntas, quienes en el mismo periodo registraron 395 y 497 respectivamente.
Sin embargo, se desconocen las razones específicas de los enfrentamientos ni cuántas personas fallecieron, fueron heridas o detenidas. La única información que se tiene es la que brindó la institución a medios de comunicación en situaciones mediáticas que frecuentemente corresponden a ataques con el crimen organizado.
La falta de documentos con información específica representa una violación a su normatividad y a la política de transparencia del actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña electoral prometió que el país se encontraría "en los primeros lugares de honestidad en el mundo".
Según lineamientos del Manual de Uso de la Fuerza de las tres fuerzas armadas del país y la Directiva que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, el Ejército está obligado a realizar informes detallados sobre los enfrentamientos.
La norma dicta que en caso de que alguna de las instituciones se involucren en alguna agresión con arma letal, se debe "Elaborar el informe detallado describiendo el tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los hechos, con la mayor cantidad de información posible".
Pero en marzo de este año la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que no existen registros del número de civiles detenidos, heridos o muertos en enfrentamientos desde 2014. Esto después de que académicos del Programa de Política de Drogas del CIDE y miembros de la organización Artículo 19 presentaran solicitudes de información para conocer los datos que deberían ser de carácter público.
El Ejército argumentó que la obligación de recolectar la información es responsabilidad de la Procuraduría General de la República, lo que es verdad, pero la Secretaría de la Defensa también debería tener los datos.
Los solicitantes interpusieron una queja ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (resoluciones RRA0030/19, RRA0266/19, y RRA10040/18), quienes apelaron a su favor.
La Secretaría de la Defensa tiene hasta el 11 de abril para entregar la información solicitada. En caso de no hacerlo, estaría violando las leyes de transparencia y el derecho al acceso a la información.
Aunque esto no significaría una sanción. Del 2006 al 2016 el INAI presentó 134 denuncias ante la Función Pública contra instituciones gubernamentales que se negaron a brindar información de carácter público. Sólo en 4 ocasiones hubo una sanción; es decir, 91.7% de los casos quedaron impunes.
El conocimiento de la falta de transparencia del Ejército se da en el marco del despliegue de fuerzas de la Guardia Nacional en el territorio mexicano.
Este cuerpo de seguridad pública impulsado por AMLO operará como mando único en todo el país. Aunque está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, los elementos que la conforman son entrenado y dirigidos por la Secretaría de la Defensa.
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