La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció este domingo que investigará las posibles omisiones en la actuación de servidores públicos federales, locales y municipales, para controlar la fuga de combustible que se presentó en el ducto de Pemex localizado en Tlahuelipan, en el estado de Hidalgo, así como para mitigar las afectaciones producidas por éste.
El organismo, dirigido por el ombusdman nacional, Luis Raúl González Pérez, detalló en un comunicado, que la investigación por las posibles violaciones de los funcionarios, se llevará a cabo "sin prejuzgar sobre posibles responsabilidades y reconociendo la necesidad y trascendencia de las acciones que lleva a cabo el gobierno federal contra la sustracción ilegal de combustible en los ductos de Pemex".
En el comunicado, la comisión expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas; detalló que en cuanto tuvo conocimiento del incidente, su personal se trasladó hasta el sitio para apoyar a los familiares a encontrar a sus familiares en los hospitales y brindar asesoría sobre la entrega de cuerpos, además de brindar servicios de asistencia psicológica.
"Se han realizado visitas y sostenido reuniones con personal directivo y médico de 13 hospitales ubicados en los estados de Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, a efecto de propiciar que se brinde la atención médica especializada que los heridos requieren y se proporcione información a sus familiares sobre su estado de salud".
El organismo aseguró que hasta el momento, parte de su personal se mantiene en la zona donde ocurrió la explosión, para estudiar la evolución de los acontecimientos y poder emitir un pronunciamiento en el futuro.
Desde la explosión ocurrida este viernes, suman al menos 85 muertos y 81 heridos. El incidente se produjo en medio de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador por erradicar el robo de combustible que desde hace años ocasiona altas pérdidas económicas en el país (en 2018 las pérdidas llegaron a 3.400 millones de dólares).
El combate a la sustracción ilegal de combustible mediante el cierre de ductos y la transferencia de gasolina en camiones cisterna ha provocado desabasto en el país, obligando al gobierno federal a reclutar más de 2.000 conductores y la compra de 500 pipas para resolver la crisis que agobia a México desde hace tres semanas.
Las autoridades han responsabilizado a bandas criminales y a funcionarios al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el robo sistemático del combustible desde hace años.
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