La Procuraduría pide confirmar sentencia que obliga a reparar viviendas en el Bajo Cauca Antioqueño

La Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo de Estado confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de que se respeten las disposiciones jurídicas y dé prevalencia al beneficio de la calidad de vida de 320 habitantes de soluciones de vivienda del Bajo Cauca Antioqueño que reclaman por afectaciones posteriores a su entrega.

La Procuraduría Delegada de Intervención Primera resaltó que: “hubo una vulneración o amenaza de los derechos colectivos alegados por un grupo de ciudadanos de los municipios de Nechí, Tarazá, Zaragoza, Caucasia y El Bagre, y que estos deben ser priorizados tanto para consumidores como para los usuarios, al igual que la defensa del patrimonio público”.

“La responsabilidad de los particulares contratistas no se agota ni limita al marco del vínculo negocial, sino que también le atañen las responsabilidades propias de la concreción del interés general a través de la debida ejecución de las políticas públicas, en general, y de vivienda digna en particular”, agregó el Ministerio Público.

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El ente regulador manifestó que los particulares que tienen contratos con el Estado se deben comprometer a cumplir con la ejecución de las obras a cambio del pago de los servicios pactados, pues la finalidad de la contratación estatal es la materialización de los fines del Estado y, especialmente, la satisfacción del interés general.

En la solicitud se evidencia que se están desconociendo los derechos fundamentales como la vivienda digna, los derechos colectivos y el interés general por parte de los distintos actores contractuales por la no culminación de la construcción de las viviendas en estos municipios.

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Los problemas con las viviendas es tan sólo uno de los problemas que afecta a los habitantes de municipios del Bajo Cauca Antioqueño. Algunas Organizaciones defensoras de Derechos Humanos han hecho llamados para que se preste atención a este territorio en donde se ha recrudecido la violencia.

Los homicidios, el desplazamiento forzado y las torturas se han convertido en una constante en esta parte del país. En septiembre de 2022, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) manifestó su preocupación por la crisis humanitaria que se agudiza sin dar tregua.

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Respecto a la crisis que azota a los municipios, la asociación menciona que: “El municipio de El Bagre no aguanta más violencia, los asesinatos, desplazamientos, desapariciones y torturas. Día a día el municipio ve morir sus hijos, sin tener quien eche una mirada y busque una salida ante tan grave situación que viene golpeando la población y llenando de terror el territorio”.

Otro de los problemas que está afectando a los habitantes de esta zona del país es la sustitución de cultivos ilícitos. Los campesinos de Tarazá han venido exigiendo que se cumplan los acuerdos para la sustitución de cultivos.

Para el desarrollo de El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos se contaban con 19 millones de pesos, pero los campesinos que hacen parte del programa indican que el presupuesto presentado fue tan solo de 9 millones.

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