
Después de realizar una investigación que, asegura, se extendió por varios meses, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunció que durante el gobierno pasado, de Iván Duque, se presentaron irregularidades en varios contratos. Según la congresista, los problemas se presentaron en la administración de los recursos destinados a las regiones y al presupuesto ambiental de regalías.
Según Hernández y su equipo de trabajo, serian 12.245 contratos irregulares, que sumados alcanzan los 3.8 billones de pesos. Esto habría dejado una pérdida al Estado de 380 mil millones por corrupción.
La congresista detalló que para llegar a esta cifra realizó junto a su equipo “una acuciosa investigación” documental, administrativa, financiera. Además, se hizo un trabajo en campo con mandatarios e instituciones locales en diversas regiones de Colombia.
El resultado de esta investigación, según Hernández, es “uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente del país”. Dice que es una partida presupuestal tan grande que si se compara con otras obligaciones del Estado alcanzaría, por ejemplo, para financiar durante tres años seguidos el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en toda Colombia.
Se destaca que los problemas principales se encontraron en tres frentes:
1. El Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social, entidad ampliamente cuestionada por su vínculo con la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, fue ejecutor directo de 37 contratos por $34.000 millones.
Lo curioso de este fondo, es que la participación de la Gobernación del Valle es del 99,77% en sus acciones y el socio mayoritario y representante en la junta es la Gobernadora, es decir tiene el control absoluto de su funcionamiento, solo que, a través de este fondo se canalizan los recursos que salen de la Gobernación para poder hacer contratación al margen de procesos públicos y abiertos.
A esto se suma el hecho controversial que esta es la misma entidad que ejecutó casi 500 mil millones de pesos de los cuestionados contratos del OCAD paz, aun cuando cuenta con un patrimonio de apenas 6.401 millones de pesos.
2. La Fundación Universidad del Valle (para este caso seleccionada como entidad ejecutora y que no es la misma Universidad del Valle), cuyo director, Marlon Giovanny Gómez Jaramillo, por todos conocido, es cercano a la exgobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro, obtuvo 253 contratos a dedo por $245 mil millones.
Un hallazgo preocupante es que la Fundación Universidad del Valle figura con un patrimonio neto de apenas 4.100 millones de pesos, es decir 50 veces menos de los montos que recibió, lo que se constituye, para los intereses del Estado, en un grave riesgo al depender de una organización con un limitado músculo financiero en caso de una eventualidad derivada de la ejecución de los recursos. Es bueno recordar, que esta organización ya ha estado inmersa en varios escándalos por importantes retrasos en la ejecución de proyectos y por hallazgos fiscales de la Contraloría General.
3. Otro caso escandaloso es el relacionado con las Asociaciones de Municipios, que han sido constituidas, en buena parte, por exalcaldes. Se valen de las fragilidades del mismo para constituir esta clase de organizaciones a fin de evitar los esquemas de contratación públicos, de control y de transparencia amparados en leyes como la 80 de 1993.
En los próximos días, la congresista radicará una solicitud ante los entes de control para que se investiguen las irregularidades y presentará un proyecto legislativo para reformar la actual Ley de Regalías a fin de cerrar la puerta a actos de corrupción
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