Viviane Morales respondió a un magistrado de la JEP sobre los recortes a la entidad y pidió revisar los $170 billones destinados al Acuerdo de Paz

La consejera comisionada de Paz, Viviane Morales Hoyos, sostuvo un intercambio con el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Roberto Salazar durante la audiencia pública nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección para los firmantes del Acuerdo Final de Paz que se desarrolló durante la jornada del 12 de noviembre de 2026.

La funcionaria y exministra de Educación afirmó que todas las entidades públicas deberán afrontar recortes presupuestales ante la crisis fiscal del país, en particular la JEP.

Morales intervino en la diligencia convocada para hacer seguimiento a las medidas cautelares dirigidas a proteger a quienes se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

Durante su intervención, Morales afirmó que “el Ejecutivo expidió el decreto mediante el cual quedó en firme el Presupuesto General de la Nación (PGN). Este instrumento asegurará, dentro de un marco de austeridad fiscal, los rubros destinados a la seguridad material de los firmantes de paz y sus familias. Concentramos nuestros esfuerzos en superar las fallas estructurales, señaladas por la Corte Constitucional en 2022”.

No obstante, hizo un llamado de atención al tribunal de paz, y refirió el término “petrificación en la implementación” por las sumas de dinero gastadas desde 2016.

El debate surgió después de que el magistrado Salazar le pidiera precisar su referencia a una “petrificación presupuestal”. La consejera aclaró que hablaba, efectivamente, de una “petrificación en la implementación”, concepto con el que aludió a las obligaciones derivadas del acuerdo y al margen de decisión que, según dijo, corresponde a cada gobierno.

“Lo que significa es lo que también ha dicho la Corte Constitucional, que hay una obligación durante los tres gobiernos posteriores al acuerdo final de implementarlo, pero que hay un margen de configuración de acuerdo con las políticas de cada gobierno, de acuerdo con la discrecionalidad del presidente de la República y, por supuesto, frente a la crisis fiscal que está enfrentando el país”, señaló Morales.

“Obviamente tendremos que tener la imposición de una realidad que nos compete a todos los colombianos y especialmente a las entidades públicas”, comentó.

Morales afirmó que habrá recortes para todos los programas públicos

En ese sentido, la consejera aseguró que el escenario fiscal obliga a revisar el gasto estatal. “Habrá recortes presupuestales en todos los programas; los tenemos que asumir de esa manera”, afirmó.

Morales añadió que la discusión debe acompañarse de medidas contra la corrupción, mejoras en la eficiencia administrativa y una revisión sobre el destino de los recursos comprometidos en la implementación del acuerdo.

“Se han gastado $170 billones en estos 10 años en la implementación del acuerdo”, agregó, a la vez que sostuvo que el país debe conocer cómo se ejecutaron esos recursos y definir los ajustes necesarios para los próximos años.

En ese sentido, manifestó que existen aspectos de la inversión que requieren mayor claridad. “No se podrá seguir en ese ritmo, en algunos asuntos en que quedaron líneas muy opacas sobre estos gastos que se realizaron”.

El magistrado consultó por los recursos para los esquemas de protección

Durante el intercambio, el magistrado Roberto Salazar preguntó si se mantendrían las asignaciones presupuestales para la protección de comparecientes, de acuerdo con los mandatos constitucionales y la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Morales respondió que no representa a la UNP, aunque señaló que deben existir recursos para esa tarea. “Asignaciones presupuestales tiene que haber, señor magistrado. Hay recortes, tiene que haber austeridad fiscal”, afirmó.

La consejera comisionada de paz sostuvo que aún no se conoce el alcance de los ajustes que adoptará el decreto presupuestal. Aun así, insistió en que la reducción del gasto deberá aplicarse de forma general y compensarse con “eficiencia, rigor en la gestión y transparencia”.

La audiencia de la JEP continuó con el análisis de las medidas de protección para los comparecientes y las obligaciones de las entidades estatales en la implementación del Acuerdo de Paz.