Posición del gobierno de Álvaro Uribe de negar el conflicto armado fue un obstáculo para la protección de los exiliados, aseguró la Comisión de la Verdad

El capítulo “La Colombia fuera de Colombia”, el más reciente apartado del informe publicado por la Comisión de la Verdad, donde se está relatando lo que pasó durante el conflicto armado en el país, dio unos relevantes detalles sobre como al menos un millón de personas tuvieron que exiliarse por la guerra. Pero, acusa al gobierno de Álvaro Uribe Vélez de invisibilizar no solo la situación bélica, sino también a las víctimas.

Fueron en total 2.080 testimonios donde los colombianos cuentan sus historias sobre sus salidas del país por culpa del conflicto armado, este quinto volumen, Exilio, estuvo a cargo de Carlos Berinstain, quien recibió a personas que actualmente residen en al menos 24 países, donde expresaron sus secuelas físicas, mentales y emocionales que les dejó el exilio del que fueron víctimas.

La Comisión encontró que, en los registros oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, entre 1980 y 2020, más de un millón de colombianos salieron del país, solicitando protección internacional, que sería al menos, el doble de las cifras que hasta el momento eran las que oficialmente se contenían. Es por esto que se preocupan por la posibilidad de existir un subregistro de estos datos, dificultando el proceso de identificación e individualización de cada una de estas víctimas.

Esta cifra:

Agregan, que fue aún más difícil la recopilación de los datos y la situación de las víctimas, por la invisibilización que sufrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: “La negación del conflicto armado en los gobiernos entre 2002 y 2010 fue un obstáculo para la protección internacional de las víctimas”.

Dentro de los casos que más llamaron la atención, que se abordó con detenimiento, fue el del secuestro y asesinato de la directora nacional de acción comunal y asuntos indígenas, ANUC, Gloria Lara Perdomo de Echeverri en 1982, caso que sigue en la impunidad, pero, que se le atribuye a la Organización Revolucionara del Pueblo, ORP.

Otros de los casos contenidos son las persecuciones realizadas por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a personas exiliadas en Europa en el año 2003 y el 2006; los desplazados de la famosa Hacienda Bellacruz, en el departamento del Cesar, los campesinos exiliados del norte de Urabá, entre muchos otros.

La Comisión señala que el exilio es una muestra del fracaso de las instituciones del Estado, ya que estas no fueron capaces de brindarle protección a las víctimas, además, que esta instancia llega luego de ser uno de los tantos desplazados internos, que es un dilema de nunca acabar, pues en la mayoría de los casos se añora con poder volver al territorio.

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