Defensoría del Pueblo alerta por amenazas contra cuatro alcaldes el Norte de Santander

Este martes la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta correspondiente a la situación de seguridad en Norte de Santander, donde cuatro alcaldes municipales fueron amenazados, junto con sus familias, por grupos armados ilegales.

Así lo indicó Carlos Camargo, jefe de esa entidad, indicando que los mandatarios, ubicados en cuatro municipios del departamento, han solicitado permisos para despachar por fuera de sus jurisdicciones y, en caso de ser aprobados, salir en el menor tiempo posible de sus territorios por las intimidaciones que se han vuelto constantes.

En ese sentido, Camargo lamentó la preocupante situación “que se viene presentando en la región. Nuestros equipos en territorio han escuchado a los mandatarios locales en declaraciones privadas, a la vez que adelantan permanente acompañamiento a sus familiares”.

Además, precisó que esta entidad, junto con las autoridades en el departamento, han acelerado las investigaciones que son adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, pidió a la fuerza pública aumentar su capacidad en las zonas críticas para evitar que situaciones similares ocurran de nuevo.

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Uno de esos mandatarios que fue amenazado fue Idear Humberto Vélez, encargado del municipio Playa de Belén, ubicado en el Catatumbo. De hecho, actualmente se encuentra dirigiendo desde Cúcuta tras sufrir varios atentados en su territorio.

“Siguen las amenazas, las extorsiones, prima el derecho a la vida, y por eso le solicitamos de manera muy respetuosa al señor gobernador el traslado de despacho hacía algunas ciudades, en este caso el autoriza mediante el estudio que me pueda trasladar hacia la ciudad de Cúcuta y pueda despachar desde la gobernación de Norte de Santander”, lamentó el funcionario público en diálogo con Caracol Radio.

Ante esto, el llamado del Defensor del Pueblo fue más allá y elevó la advertencia a todas las entidades competentes para que no solamente brinden seguridad a los mandatarios y sus allegados, sino a toda la población en general, incluyendo además a líderes sociales y comunales, otro grupo poblacional que tiene un alto riesgo en esta zona del oriente colombiano.

Camargo, sobre esto, apuntó que ese blindaje a las comunidades “resulta fundamental para garantizar el ejercicio de las funciones para las que fueron elegidos los alcaldes y mantener la presencia permanente de la institucionalidad del Estado en regiones con presencia de grupos armados ilegales. Esto es un imperativo para mantener una democracia fortalecida”. En el llamado también fue incluida la Unidad Nacional de Protección -UNP-.

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Finalmente, el defensor indicó que se debe tener en cuenta la alerta temprana 050 de 2020, la cual identifica como población en riesgo no solo a los más de 37 mil habitantes que viven en el municipio Tibú, sino también al Espacio Territorial de Reincorporación y Normalización -ETCR- Caño Indio.

Dentro de la población en riesgo, la advertencia -que a pesar de emitirse hace dos años sigue sin atenderse plenamente- se encuentran integrantes de comunidades indígenas, población migrante, “Lideresas y líderes sociales y personas que desarrollan actividades de defensa de derechos humanos a favor de las mujeres y población OSIGD, pueblos étnicos, niñez, juventud y tercera edad, a favor de los derechos de la población víctima, campesina, migrante y por la defensa del medio ambiente y el derecho al agua” y personas en situación de reincorporación a la vida civil.

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