
La Unidad de Víctimas llegó al municipio de Anorí (Antioquia) para hacer entrega de materiales de construcción por un valor de 462 millones de pesos, para el levantamiento de una casa de albergue transitorio para la población civil en caso de una emergencia humanitaria.
Según la institución creada en enero de 2012 a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “la construcción de esta casa es uno de los proyectos más esperados para responder a las necesidades y resarcir los daños causados por la violencia en la comunidad de este municipio”. Se estima que Anorí cuenta con una población de 7.000 víctimas en el marco del conflicto armado.
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Néstor Torres, coordinador de la Mesa de Participación de las Víctimas, explicó que, “este es un proyecto muy grande para los habitantes. Es importante contar con un espacio para ser atendidos durante los primeros meses de emergencias”. La construcción contará con habitaciones, baños, cocina comunitaria y un espacio de juego. Además, tendrá una oficina para el funcionamiento de la Mesa de Víctimas y se espera, en un futuro, contar con un salón para la memoria histórica.
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Según el portal Verdad Abierta, Anorí es el cuarto municipio de Antioquia con más accidentes de minas antipersonas y en el que más se han registrado cultivos de coca. El conflicto armado colombiano ha estado presente en la zona con tomas guerrilleras y operaciones paramilitares desde los años 70.
En esta parte de Colombia, el Ejército Nacional entre el 7 de agosto y el 18 de octubre de 1973 realizó la Operación Anorí en contra de la guerrilla del ELN. Según Rutas del Conflicto, como consecuencia de estos ataques, más de 80 guerrilleros resultaron muertos y se realizaron 50 capturas. Desde la institución, la consideran como una de las operaciones más exitosas en la historia del país.
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De acuerdo con la Unidad de Víctimas, la casa llevará el nombre de Héctor Emilio Piedrahita, exalcalde asesinado en 1998. Por este hecho, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la nación a pagar una indemnización a las familias del entonces alcalde y de la personera del municipio, Adriana María Casas, quienes fueron asesinados a manos de un grupo armado ilegal.
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El alto tribunal determinó que, “las autoridades encargadas de su protección no adoptaron medidas para garantizar su vida, pese a la situación de orden público que imperaba en la región. En un claro desconocimiento de sus obligaciones de protección y garantía del derecho a la vida, la policía no adoptó las medidas necesarias”.
El coordinador de la Mesa de Víctimas reconoció que aparte de estas medidas, se deben realizar las indemnizaciones económicas, atención sicosocial y el apoyo a los proyectos agrícolas a campesinos, por parte de la Unidad de Víctimas. La entidad afirmó que durante el gobierno de Iván Duque se han apoyado 58 proyectos comunitarios y agropecuarios, en 31 municipios de Antioquia, que benefician a cerca de 50.000 personas.
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Según el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba, “se ha realizado un inversión de 17.000 millones de pesos para atender los daños en Anorí y municipios cercanos. En total, se han destinado más de 15 billones de pesos en Colombia, 3,39 en Antioquia, para la reparación integral de la población víctima de conflicto armado”, concluyó el funcionario.
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