Durante el 2021 hubo más de 78 masacres y 100 asesinatos de líderes sociales, según oficina de DDHH de la ONU

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia compartió los resultados de la documentación de las violaciones ocurridas durante el año 2021, cuando se registró un aumento de la violencia en masacres, homicidios de líderes sociales, así como desplazamientos y amenazas.

“La Oficina de la Alta Comisionada recibió información en 2021 sobre 100 casos de posibles masacres de las cuales ha verificado 78 casos. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca”, fue uno de los resultados que entregó la representante de la ONU Juliette de Rivero.

“Desde el 2014 no había habido cifras tan altas de masacres en el territorio. Ha habido un incremento de la situación de masacres desde el 2014 y por eso hemos dado la alerta en el informe y creemos que es una prioridad atender la situación de violencia reforzando la estructura del Ministerio Público”, aseguró la alta comisionada.

Durante ese año, también se recibió la denuncia de 212 casos de posibles homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales la Oficina verificó 100 en los que existía un vínculo de la muerta con la labor de liderazgo que desempañaban las víctimas en sus comunidades.

“La oficina también recibió 1.116 alegaciones de amenazas y agresiones contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos. La violencia se utilizó con mayor intensidad para acallar a quienes defienden la tierra y el territorio”, sostuvo de Rivero.

El informe detalla que los homicidios y ataques a defensores se presentaron en 28 de los 32 departamentos del país, el 75 % en Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca; el 47 % de las agresiones en Cauca, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia.

Así mismo, en cuanto a los homicidios de firmantes de la paz, el número de personas asesinadas durante el 2021 fue de 54, lo que elevó la cifra total de excombatientes muertos por violencia a 313 desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

La violencia principalmente contra líderes y lideresas, se ha ejercido, explicó de Rivero, para desarticular los procesos organizativos y someter a las comunidades a la voluntad de los grupos criminales. Pero va de la mano de un aumento de los homicidios a nivel nacional, la mayoría por arma de fuego que, sin embargo, se manifiesta con mayor fuerza en las zonas con ausencia del Estado.

“Se requiere reforzar la presencia del estado en todo el territorio. En el 2021 la Alta Comisionada observó con mucha preocupación el incremento de la violencia particularmente en zonas rurales del país y en algunos centros urbanos como Quibdó. Datos de la Policía Nacional muestran que en el 2021 el número general de homicidios se incrementó en un 9.5 % respecto al 2020″, sostuvo la alta comisionada.

En el informe también se detalla el desplazamiento forzado como una forma de victimización de poblaciones rurales. Entre enero y noviembre de 2021, la Oficina registró más de 72.000 personas fueron desplazadas, mientras que en el 2020 fueron más de 26.000. “Además, 57.787 personas se han visto confinadas entre enero y noviembre de 2021. El 69 % de la población desplazada y el 96 % de la población cuya movilidad se ha visto indebidamente restringida son personas indígenas y afrodescendientes”, sostuvo de Rivero.

La Oficina insistió en reforzar la presencia del Estado en todo el territorio, pero con instituciones y no únicamente militar, porque lograron evidenciar que “en varias regiones la creciente presencia de la fuerza pública no ha logrado revertir la multiplicación, expansión y luego violencia de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.

La entidad llamó la atención por la falta de implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, que la Comisión Étnica tasó en un avance inferior al 2.4 %. A las comunidades les preocupa la ausencia de atención frente a la presencia de grupos armados, falta de garantías para consulta previa y bajo acceso a información y participación.

Resultados del Paro Nacional

Durante 2021 la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 100 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida de las cuales verificó 54 casos, en 44 se observó la presunta responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional, en 5 de integrantes de las Fuerzas Militares y en 2 funcionarios del CTI de la Fiscalía que estaban fuera de servicio. Tres casos en operaciones conjuntas entre fuerzas militares y Policía.

Debido a la observancia en la represión de las protestas y como se utilizó la fuerza contra manifestantes pacíficos en el marco del paro, la oficina evidenció la necesidad de reforzar la gestión democrática de la protesta. El 33 % de los homicidios y el 37 % de ataques registrados por la oficina contra personas defensoras se dieron con ocasión de las protestas.

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