JEP advierte posible incumplimiento de Mincultura por informe sobre piezas del Museo Nacional

Un nuevo choque entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se abrió por el retiro de piezas y contenidos del Museo Nacional de Colombia. La JEP advirtió que el Ministerio de las Culturas estaría incumpliendo una orden judicial al no entregar un informe solicitado sobre esa decisión y reiteró que la cartera sí está vinculada a la medida cautelar relacionada con desaparición forzada.

Según información publicada por Blu Radio, la controversia se originó después de que varias piezas fueran retiradas del Museo Nacional y posteriormente restituidas por orden de un juez. El Gobierno anunció que impugnará esa decisión.

Tras conocer lo ocurrido, la JEP pidió al Ministerio de Cultura un informe preliminar en un plazo de cinco días sobre las razones del traslado de las piezas. También ordenó entregar, dentro de los diez días siguientes, un documento más amplio para evaluar si la actuación podía afectar los derechos de las víctimas.

El Ministerio respondió que no está vinculado al proceso en el que se adoptaron las medidas cautelares y sostuvo que, por esa razón, la jurisdicción no tendría competencia para impartirle órdenes directas.

En su respuesta, la cartera señaló que no ha vulnerado derechos de las víctimas y afirmó que las órdenes derivadas de las medidas cautelares deben dirigirse únicamente a las personas o entidades formalmente vinculadas al trámite.

El Gobierno agregó que ya había entregado información relacionada con las actuaciones adelantadas en el Museo Nacional a otras autoridades judiciales y administrativas, y sostuvo que la JEP podía solicitar esos documentos directamente a dichas instancias.

JEP dice que no se trata de una solicitud facultativa

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez rechazó la posición del Ministerio y advirtió que la entidad estaría incumpliendo la orden judicial contenida en el Auto SAR AT 864 de 2026.

“El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes está incumpliendo la orden judicial de presentar el informe ejecutivo preliminar impartida en el ordinal primero del Auto SAR AT 864 de 2026. No se trata de una invitación ni de una solicitud de colaboración de cumplimiento facultativo”, señaló la JEP.

El magistrado sostuvo además que las objeciones planteadas por la cartera no sustituyen la entrega de la información requerida ni permiten desconocer unilateralmente una orden judicial.

Según la JEP, el Ministerio sí se encuentra vinculado a la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada, por lo que la jurisdicción considera que tiene competencia para pedir informes relacionados con actuaciones que puedan incidir en los derechos de las víctimas.

La jurisdicción ordenó nuevamente al Ministerio entregar el informe solicitado y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrían activarse medidas correccionales.

JEP advierte sobre posibles medidas correccionales

El magistrado Sánchez indicó que la persistencia en el incumplimiento podría dar lugar a la aplicación de las medidas previstas en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004, por remisión del artículo 72 de la Ley 1922 de 2018.

Entre esas medidas se contempla el arresto inconmutable hasta por cinco días para quien desobedezca órdenes judiciales impartidas en ejercicio de las atribuciones legales.

La JEP aclaró que una eventual sanción no sería automática. La medida recaería sobre la persona responsable, previa individualización de su conducta y con garantía para explicar las razones de su oposición y solicitar reconsideración.

En este caso, la advertencia está dirigida a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, quien tendría que responder por el cumplimiento de la orden si la jurisdicción determina que persiste la desobediencia.

El episodio se suma a las tensiones entre el Gobierno y la JEP por las decisiones relacionadas con el Museo Nacional. Mientras el Ministerio sostiene que ya entregó la información a otras autoridades y que no está obligado a responder en los términos exigidos, la jurisdicción insiste en que la orden es de obligatorio cumplimiento.

Por ahora, la JEP mantiene la exigencia de recibir el informe y dejó claro que, si la cartera no atiende nuevamente el requerimiento, podrá evaluar la apertura formal del trámite de medidas correccionales previsto en la ley.