Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Los enfrentamientos entre el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) mantienen en riesgo a comunidades de los municipios de Linares y Los Andes, en el departamento de Nariño.

Desde el sábado 17 de octubre, la confrontación entre esos grupos armados ha generado confinamientos, interrupciones en la vida escolar y dificultades para que la población acceda a alimentos, agua y atención médica.

La situación afecta, entre otras, a las veredas El Arenal, Villa Nueva, La Loma y El Carrizal, en Los Andes, y a Tabiles, Parapetos, Tambillo de Bravos y La Cocha, en Linares, según información recopilada por medios locales. Ante los combates, la Alcaldía de Los Andes suspendió las clases en instituciones educativas del casco urbano de Sotomayor y de la vereda El Carrizal, además de cerrar los escenarios deportivos.

De igual manera, se conoció que una comisión humanitaria de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Linares fue atacada con ráfagas de fusil el lunes 19 de octubre, cuando se dirigía a la vereda Bella Florida para evacuar a habitantes que permanecían confinados.

La misión ya había sacado a más de 300 personas de otras zonas rurales, pero suspendió el recorrido hacia Bella Florida, donde cerca de 100 personas seguían sin poder salir.

El secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Nariño, Alex González, participó junto con el alcalde de Linares, Iván Zambrano, campesinos y transportadores en un corredor humanitario para evacuar familias de Parapetos, Tambillo de Bravos y La Cocha.

Un ataque con dron destruyó la vivienda de una adulta mayor

Entre los hechos de violencia que han causado repudio en el país, se destaca el ataque de drones con explosivos a una vivienda en la vereda Tabiles del municipio de Linares. La propiedad era de una adulta mayor, identificada como Rosa, según un video divulgado y reseñado por Semana.

Un familiar de la mujer mostró los daños y afirmó que el ataque ocurrió cuando Rosa estaba en la cocina y preparaba el desayuno. “Estaba en la cocina queriendo hacer desayunito, porque pensé que eso se iba a normalizar (...) ellos no estaban aquí, sino en esta pieza”, relató la mujer en la grabación.

Sin embargo, la vivienda estaba destruida cuando volvió. “Lo que les dio fue verme la casita destrozada, después de tanto sufrimiento”, comentó.

La Defensoría exige acceso humanitario seguro y atención inmediata

Ante la escalada de violencia que se presenta en el suroccidente colombiano, la Defensoría del Pueblo advirtió que los combates agravaron la situación de derechos humanos de las comunidades, por lo que pidió una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida.

“Advertimos sobre la gravedad de esta escalada de violencia, que agudiza la situación de derechos humanos de las comunidades y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender sus necesidades y garantizar sus derechos”, indicó la entidad en un comunicado.

La organización señaló que la asistencia debe garantizar alimentación, agua potable, salud, protección, saneamiento básico, energía y otros servicios esenciales. “La atención humanitaria no puede esperar”, sostuvo la Defensoría.

También solicitó que no se obstaculice el ingreso de organismos humanitarios y que se les brinden condiciones de seguridad para atender a la población afectada.

“Recordamos que la población civil debe permanecer por fuera de las hostilidades y que su vida, integridad y dignidad deben ser respetadas en todo momento, conforme a las disposiciones del derecho internacional humanitario (DIH)”, recalcaron.

Por último, la Defensoría del Pueblo extendió su llamado a las alcaldías de Linares y Los Andes, a la Gobernación de Nariño y al Gobierno nacional para que coordinen la respuesta institucional y priorizar la atención médica, la continuidad educativa y el abastecimiento básico. Además, instó a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario (DIH), mantener a la población civil al margen de las hostilidades y permitir el acceso de la ayuda.

“Abstenerse de involucrar a la población civil en las hostilidades y no obstaculizar el acceso de las instituciones y los organismos encargados de brindar atención humanitaria”, concluyeron.