Karen Abudinen ampliará la denuncia contra Katherine Miranda ante la Corte Suprema de Justicia

Aún no se ha avanzado en la recuperación de los 70.000 millones de pesos que habrían sido desviados y desencadenaron la investigación para caducar el contrato con Centros Poblados

Katherine Miranda radicó tutela para que se repita la moción de censura contra Karen Abudinen. Fotos: Colprensa
Katherine Miranda radicó tutela para que se repita la moción de censura contra Karen Abudinen. Fotos: Colprensa

El caso de corrupción del programa de Centros Digitales no se detiene tras más de cuatro meses del estallido del escándalo. Tampoco se ve fin a la pelea que cazaron la exministra de las TIC, Karen Abudinen, y la representante a la Cámara, Katherine Miranda, tras el control político a ese mismo contrato.

Abudinen, quien tuvo que salir del cargo tras conocerse parte del entramado con el que la empresa Centros Poblados ganó la licitación más ambiciosa del Ministerio de las TIC y se apropió de 70.000 millones de pesos, buscará ampliar su denuncia ante la Corte Suprema de Justica en contra de la representante por utilizar la variante de su apellido que se hizo popular para referirse a la corrupción nacional.

La exministra asistirá a la Sala de Instrucción este lunes 24 de enero, según informó RCN Radio, sobre las 2:00 de la tarde, para ampliar la denuncia por injuria y calumnia que interpuso en contra de la representante y su compañero León Fredy Muñoz, tras utilizar el término “abudinear”.

La solicitud de la ampliación, indicaron fuentes a la emisora, se da después de que Miranda instaló unas vallas de campaña con el mensaje “Que no nos abudineen el país”, para promocionar su segunda aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá.

“Pese a que fui denunciada por Abudinen ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria, calumnia y fraude procesal por cumplir con mi trabajo como congresista, yo no me dejo amilanar ni amenazar por nadie. A mí no se me olvida que en sus manos se perdieron 70 mil millones y por eso he instalado 5 vallas en Bogotá para recordarle que debe responder por ellos”, señaló Miranda en una columna de opinión publicada en el portal Kienyke.com.

Allí aclaró que no fue ella quien se inventó esa palabra, sino que fueron los “ciudadanos indignados, en un sentimiento de impotencia al ver como malversan el dinero del Estado sin que haya consecuencias”. Además, reiteró que no bajará esas pancartas hasta que no aparezcan los 70.000 millones de pesos que se perdieron.

La Unión Temporal Centros Poblados, cabe recordar, ganó la licitación con un puntaje excelente y para iniciar la instalación de centros digitales en las zonas rurales del país, solicitó un anticipo por 70.000 millones de pesos, que le fueron entregados. Después de incumplimientos e irregularidades en la contratación publicadas en medios de comunicación, se conoció que la empresa había presentado una póliza falsa y detrás de las empresas se encontraba el famoso corrupto Emili Tapia.

Aunque Abudinen aseguró que dejó el cargo tras lograr la caducidad del contrato, Miranda la acusa de querer atornillarse al poder y no haberse apartado hasta que se hizo insostenible por la presión mediática. Lo cierto es que tras cuatro meses del escándalo, se tiene poca certeza de la recuperación de los recursos entregados al entramado de corrupción.

El contrato no fue liquidado hasta el 15 de diciembre de 2021, cuando Abudinen ya tenía un nuevo trabajo. De acuerdo con la revista Semana, las acciones no han avanzado y el Ministerio de las TIC no puede entregar una fecha cierta de la recuperación del patrimonio público.

Aunque hay bienes bajo embargo, no se han valuado para saber si pueden complementar el valor de los 70.000 millones. Los acusados señalan que el dinero fue invertido en aparatos para ejecutar el contrato, aunque hay evidencia que fue gastado en artículos personales de Tapia y otros personajes. Aunque el fiscal Francisco Barbosa aseguró que había resuelto el caso en tiempo récord, ese proceso no ha garantizado la reparación del daño causado.

Mientras tanto, cientos de colegios en el país, como el caso del departamento del Amazonas, no cuentan con condiciones mínimas para el reinicio de clases presenciales y ofrecer educación de calidad a los menores.

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