Altas deudas llevaron a Independiente Santa Fe a acogerse a un acuerdo de reorganización empresarial

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo del club bogotano por concepto de obligaciones adeudas por 24.000 millones de pesos aproximadamente

De izquierda a derecha: Wilfrido de la Rosa, Matías Mier, Eduardo Méndez (presidente Santa Fe), Wilson Morelo, Ezequiel Aguirre y Hárold Rivera, los refuerzos del conjunto Cardenal. Foto: Independiente Santa Fe
De izquierda a derecha: Wilfrido de la Rosa, Matías Mier, Eduardo Méndez (presidente Santa Fe), Wilson Morelo, Ezequiel Aguirre y Hárold Rivera, los refuerzos del conjunto Cardenal. Foto: Independiente Santa Fe

Por incumplimiento en pagos, varios clubes del fútbol profesional colombiano fueron notificados por el Ministerio del Deporte de Colombia para ponerse al día y solucionar su situación financiera de cara a la temporada 2022 del fútbol nacional.

Entre los notificados está el primer campeón del fútbol cafetero, Independiente Santa Fe. El equipo bogotano presidido por Eduardo Méndez se acogió a un proceso de reorganización, fase fue confirmada por la Superintendencia de Sociedades este martes 18 de enero, llamando la atención sobre lo que podría ocurrirle al combinado cardenal, tal como le sucedió a Cúcuta Deportivo a finales de 2020, cuando perdió el reconocimiento deportivo tras pasar a la fase de liquidación.

En diálogo con Semana, el ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, confirmó que 12 equipos del profesionalismo han sido sometidos a auditorías y se encontraron evidencias de irregularidades legales en cuando a contabilidad y endeudamiento se refiere:

“El Ministerio también tiene competencias de vigilancia y control, asociadas al proceso administrativo como empresas privadas que son. Este año hemos hecho auditorías a por lo menos 12 clubes del fútbol profesional y hay 154 hallazgos que no están conforme con la ley; por ejemplo, el manejo contable, niveles de endeudamiento, los órganos de control, códigos disciplinarios, pagos laborales”.

Las obligaciones laborales del equipo santafereño lo tienen advertido de que está en riesgo su continuidad en la Dimayor de continuar así durante las campañas que vienen. Ahora bien, habría un acuerdo de pago de Santa Fe por 10 años para ponerse al día en cada una de sus responsabilidades, tal como se lo confirmó a la emisora RCN Radio, Juan Carlos Urazán, experto en insolvencias empresariales:

“Los cerca de 24.000 millones de pesos que tenían como deuda serán pagados en diez años. Las acreencias laborales ascienden a 2.932 millones de pesos y se pagarán en 12 meses con período de gracia por el mismo tiempo”

Luego de la audiencia del 18 de enero, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial al que se sometió el equipo rojo, considerando que los impuestos que deben ascienden a 1.759 millones de pesos, los cuales deberán ser pagados en un término de 12 cuotas mensuales, tal como conoció y confirmó Urazán:

“Los prendarios suman un poco más de 3.951 millones de pesos y se pagarán en 36 meses. Los quirografarios (acreedores sin garantías como proveedores no fundamentales para la operación) suman 14.384 millones de pesos y tienen un plazo de 60 meses”

Ese acuerdo garantiza que el importante el club capitalino pueda oxigenar su caja, refinanciar sus obligaciones y seguir atendiendo su operación en los mejores términos y condiciones, tal como acordaron y aprobaron el 70,96 % de los acreedores del club.

Las deudas reconocidas por la compañía se elevan a los 23.122 millones, según un reporte presentado el 19 de noviembre de 2021. Por otra parte, las acreencias fiscales suman 1.759 millones de pesos y las de parafiscales llegan a 206,4 millones de pesos, que deberán ser pagadas en una sola cuota para continuar al margen del proceso de reorganización.

Los créditos de segunda clase suman 3.951,8 millones de pesos y serían pagados en 36 cuotas mensuales, a partir de la finalización del pago de las acreencias parafiscales. Además, las deudas con los acreedores de quinta clase, que hacen referencia a los que no tienen garantías, ascienden a 14.384 millones de pesos.

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