Solo 30% de los municipios colombianos cuentan con políticas públicas para cumplir con el Acuerdo de Paz, según la Contraloría

La Contraloría General de la República reveló en su último informe del posconflicto en Colombia que, tan solo el 30% de los municipios del país cuentan con políticas para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016.

Así lo dio a conocer el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, durante la rendición de cuentas del organismo de control el pasado 30 de diciembre en el municipio de Apartadó en Antioquia.

Durante la rendición de cuentas el Gualdrón también informó que desde la Contraloría detectaron que, de continuarse con el ritmo de inversión que se mantiene para el cumplimiento del Acuerdo Paz, el tiempo de su ejecución ya no sería de 15 años, tal y como se acordó en La Habana, si no 26 años.

Según explicó el funcionario, la razón por la que se extendería el cumplimiento de los acuerdos de paz recae en que, “a la fecha de hoy, las inversiones han sido de 28 billones de pesos, aproximadamente.”

De hecho, el contralor general, Felipe Córdoba, señaló que, en el momento, los acuerdos de paz solo han tenido un avance del 15%, los cuales tienen un costo superior a los $140 billones de pesos.

Así mismo, Gualdrón advirtió que han encontrado inconsistencias en el Registro Único de Víctimas (RUV), donde han hallado irregularidades en registros de personas que fueron reportadas como fallecidas y que meses después de su deceso aparecía que continuaban recibiendo indemnizaciones.

“En los registros del Registro Único de Víctimas (RUV) hay inconsistencias por cerca de $82 mil millones de pesos. Por ejemplo, hay más de 75 personas fallecidas que han recibido indemnización o ayudas humanitarias posterior a la fecha que aparece de muerte en la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que nos parece absolutamente grave”, comentó el contralor delegado para el posconflicto, así lo conoció El Nuevo Siglo.

El funcionario añadió, según reportó el mismo medio que, en esos registros, igualmente encontraron “inconsistencias por más de cuatro mil millones de pesos”, donde los nombres no coincidían con los números de cédula registrados.

Ante las advertencias, Gualdrón indicó que es necesario que todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) mejoren sus sistemas de información y realicen una depuración de datos con el fin de garantizar la correcta indemnización a las personas registradas como víctimas y, así mismo, evitar la pérdida de recursos.

De otro lado, el contralor delegado para el posconflicto informó que, a la fecha, están realizando una mesa de trabajo con las víctimas del conflicto en el país, especialmente en Antioquia, para conversar sobre el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y todos los proyectos productivos que se llevan a cabo en el marco del Acuerdo de Paz.

SEGUIR LEYENDO