
Tras la recopilación de material probatorio por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Nariño, se conoció que en las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos Vida, que se dedicaban al tratamiento de internos con problemas de drogadicción o alcoholismo, se realizaban practicas denigrantes contra los pacientes como obligarlos a consumir alimentos descompuestos, aplicarles choques eléctricos como técnica de recuperación y diferentes tipos de tortura.
Según un comunicado divulgado por el ente investigador, al conocer los tratos inhumanos se realizó la judicialización de 9 personas que laboraban en las fundaciones de rehabilitación que operaban en Ipiales (Nariño), en las cuales estos serían los que sometían a los pacientes a tratos deplorables.
Entre la imputación de cargos que el ente acusador les hizo a los procesados, están los delitos de concierto para delinquir con fines de tortura; fraudulenta internación en asilo, centro médico o establecimiento similar; y actos de discriminación, un juez de control de garantías de Ipiales impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para 8 de ellos, y detención domiciliaria para uno más.
Se trata de los hermanos Jaime Alberto y Alex Andrés Benítez Benavides, conocidos con el alias ‘Los Pájaros’; Maira Isabel Medina Guerrero, Luis Guillermo Jajansoy Juajibioy, Herlandy Ferney Yama Coral, Héctor Fabio Villa Anama, Diana Carolina Vallejo Jaramillo, así como los también hermanos Edinson Martín y Daisy Elizabeth Ruano Cabrera.
De acuerdo con la Fiscalía, estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, con apoyo de uniformados del Gaula Militar.
Según las investigaciones, los hechos se habrían presentado desde el 24 de enero de 2020 hasta el pasado 23 de noviembre en las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos Vida, ubicadas en el centro de Ipiales y la vereda San Francisco del municipio de Contadero en Nariño, creadas por los hermanos Benítez Benavides como entidades sin ánimo de lucro, cuyo propósito era prestar servicios de rehabilitación a la población afectada por el consumo de drogas y alcohol.
Además, en la investigación se logró evidenciar que estos dos centros de reclusión de pacientes con problemas de drogadicción, no contaban con los permisos y autorización de la Secretaría de Salud Ipiales y la Secretaría de Salud de Nariño para su funcionamiento. Asimismo, se determinó que las personas designadas para realizar los tratamientos y la rehabilitación de los pacientes no eran profesionales en sicología, sicoterapia, enfermería u otras áreas afines.
La información de las torturas y malos tratos se conocieron luego de una serie de denuncias, con la cuales las autoridades revelaron que los procesados les propinaban golpizas a los pacientes con tablas de madera, les aplicaban choques eléctricos con pistolas Taiser en varias partes del cuerpo, los encerraban de manera prolongada, los obligaban a ingerir alimentos descompuestos y tomar su orina como bebida, consumir alimentos cocinados con jabón o detergentes, y los sometían a métodos de asfixia y ahogamiento.
Por otro lado, también se evidenció que mediante engaños, los hermanos Benítez Benavides hacían requerimientos económicos a las familias de los internos, quienes también hacían llegar a las dos sedes de los centros de rehabilitación alimentos, productos de aseo y camas para los pacientes; no obstante, estos nunca llegaron y aparentemente terminaron en manos de quienes operaban como tratantes.
La Fiscalía abrió otra línea de investigación para establecer si se presentaron casos de abuso sexual y acoso contra las personas internadas en las fundaciones. Cabe anotar que los 97 pacientes que estaban en dichas organizaciones fueron rescatados con apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Personería, y entregados a sus familiares.
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