Los pequeños empresarios también rechazan cambios a la Ley de Garantías

Gobierno nacional busca dejar sin efecto la prohibición de celebrar convenios interadministrativos y contratación directa a menos de un año de las elecciones de 2022

Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo en la discusión de la reforma tributaria. (Colprensa-externo)
Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo en la discusión de la reforma tributaria. (Colprensa-externo)

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) manifestó su preocupación frente al artículo presentado por el Gobierno nacional en el Proyecto de Presupuesto Nacional, con la cual se pretende suspender el artículo 38 de la Ley de Garantías.

Esta polémica iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda, busca dejar sin efecto la prohibición de los servidores públicos de celebrar convenios interadministrativos y contratación directa a menos de a menos de cuatro meses de las elecciones en el país, también fue rechazada por el gremio de pequeños empresarios, al considerarla inconveniente.

“Con esta modificación, fundada en darle continuidad al proceso de reactivación económica y no limitar la ejecución de presupuesto de las autoridades territoriales, consideramos que no es conveniente ya que afecta el proceso de transparencia, garantías y objetividad en las elecciones, dado que estamos a puertas de la celebración de estas en el próximo 2022″, expresaron los empresarios.

En ese sentido, señalaron que la Ley de Garantías fue expedida con la intención de evitar el uso de recursos públicos en época electoral con fines proselitistas en beneficio de los sectores políticos, razón por la cual manifestaron su descontento con esta propuesta del Gobierno nacional con la que se podría incurrir en casos de corrupción en los comicios llevados a cabo el próximo año.

A su vez, indicaron que este artículo debe mantenerse debido a que es una norma preventiva que contribuye a que los procesos electorales y los recursos públicos sean utilizados con transparencia y de manera eficiente.

“Por otro lado, consideramos que existe un vicio de inconstitucionalidad que afecta la iniciativa, teniendo en cuenta que esta Ley es estatutaria, y no se puede regular ni modificar por una ley ordinaria como es la Ley de Presupuesto Nacional. Igualmente, violaría el artículo 158 de la constitución que señala que ‘todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella’”, expresó Acopi.

Por último, destacaron que no es conveniente que en una Ley de Presupuesto se realicen modificaciones de unas normas totalmente ajenas a los recursos que serán ejecutados por el Gobierno durante el próximo año, como son las garantías electorales establecidas en la Ley estatutaria 996 de 2005.

El argumento del Gobierno nacional

La argumentación de buscar tumbar la Ley de Garantías con miras a las elecciones de 2022, es que los contratos estatales son una herramienta para seguir avanzando en la reactivación económica tras la pandemia del covid-19. Así se lo dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a la emisora. El funcionario agregó que lo que se busca también, es activar recursos públicos para ejecutar proyectos relacionados con temas como infraestructura, vivienda, obras sociales, agua y saneamiento básico entre otros.

No es el primer intento del Gobierno de Iván Duque en quitar la Ley de Garantías, en octubre de 2018, cuando llevaba meses en el cargo, el presidente pidió modificar la ley.

“Miremos cómo les quitamos ese obstáculo a muchos alcaldes y gobernadores que por la Ley de Garantías terminan dejando de ejecutar muchas obras que se necesitan para la comunidad antes de entregar su periodo”, expuso.

Más reciente aún, es que el partido de gobierno, el Centro Democrático, el pasado 24 de marzo radicó ante el Congreso un proyecto de ley para eliminar la Ley de Garantías.

“La suma de las restricciones contempladas en la citada ley ha significado, en la práctica, un bloqueo en la gestión administrativa y financiera de departamentos y municipios por un término equivalente a un 25% del periodo de los mandatarios”, aseguraron los ponentes.

Tanto la senadora Paola Holguín como el representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal, consideraron que esa ley ya no tiene sentido, pues ya no existe la figura de la reelección presidencial y las disposiciones ya se encuentran reguladas en otras normas

Sin embargo, este mismo partido fue el que se opuso cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos también se buscó eliminar esa norma.

“Eliminar la Ley de Garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”, dijo en 2015 el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

SEGUIR LEYENDO

TE PUEDE INTERESAR