Procuraduría pidió a la Corte Constitucional garantizar la paridad de género en el Código Electoral

El Ministerio Público emitió su concepto sobre el proyecto de ley estatutaria, que lleva en estudio desde inicios de este año y pidió mantener el balance del 50 % en equidad de género sin importar el número de curules a elegir

Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)
Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se unió en la tarde de este jueves 9 de septiembre a los llamados que vienen haciendo distintos sectores para que la Corte Constitucional priorice el estudio del Código Electoral Colombiano aprobado por el Congreso de la República en diciembre del año pasado.

Por medio de un concepto oficial, la jefa de esa entidad expresó que los 276 artículos del proyecto de ley, que se encuentra en revisión desde hace por lo menos ocho meses en ese tribunal son, efectivamente constitucionales. No obstante, solicitó que algunas de sus expresiones sean precisadas para garantizar la equidad de género y el debido control disciplinario de los funcionaros de elección popular.

De acuerdo con dicho documento, la inscripción de listas de candidatos establecida en el nuevo Código Electoral no debe depender del número de curules a proveer, “sino que en todos los casos sea del 50 % para avanzar en la paridad”. Valga recordar que la cuota, como quedó plasmada en el Congreso, es de ese margen sólo cuando se busque elegir más de cinco cargos. Si son menos, baja al 30 %.

Esto, advierte el documento, “relativiza la igualdad en la participación política a un factor numérico, que no encuentra una justificación plausible en el contexto de discriminación histórico que ha padecido la mujer y, en cambio, se torna en un obstáculo para la paridad en ciertos escenarios, como el Congreso de la República”, por lo que solicita mantenerlo equilibrado sin importar la situación.

Paralelamente, agregó que es necesario adecuar algunos puntos del proyecto para garantizar el debido control disciplinario de forma que quienes lleguen a los cargos públicos de elección popular tengan la mayor probidad. En ese sentido, pidió que se permita la revocatoria de las inscripciones de candidatos sancionados disciplinariamente.

De igual forma, Cabello desestimó las quejas de quienes consideran que el Código es ilegítimo al haber sido votado de manera virtual, pues “dicha modalidad de reunión legislativa no es contraria a la Carta Política”; e indicó que considera que el nuevo reglamento para el ejercicio democrático del país constituye una actualización de la normatividad electoral, que se ajusta al contexto participativo actual y a los adelantos tecnológicos del momento.

En sus palabras, el proyecto de ley estatutaria “contiene una regulación integral del derecho constitucional a elegir y ser elegido, las funciones de las autoridades y de los particulares en materia electoral, y los procedimientos correspondientes, que, en términos generales y salvo precisas excepciones, la Procuraduría considera acorde con los mandatos constitucionales”.

Con todo, le solicitó a la Corte que le otorgue prelación al trámite de revisión, pues dada la trascendencia social de los comicios para la democracia colombiana y, en especial, ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022. “Es imperioso un pronunciamiento oportuno, a efectos de evitar inseguridad jurídica en el desarrollo de estas”, concluyó.

Este último llamado se suma al hecho el pasado 23 de agosto por la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien envió una solicitud a Antonio Lizarazo, presidente del alto tribunal, solicitando agilizar el estudio de este nuevo código.

En el mismo, le pide a la Corte que, “sea oportuna y brinde claridades indispensables sobre cómo deben desarrollarse los procesos electorales del Congreso y Presidencia 2022, teniendo en cuenta que ya está corriendo su calendario electoral”.

De acuerdo con un informe del Noticiero CM&, lo único que faltaba para aprobar el Código era, precisamente, el concepto de la procuradora Cabello. Ahora que este llegó, el magistrado Jorge Ibáñez cuenta con tres semanas para elaborar una ponencia o un proyecto de fallo que posteriormente debe ser discutido en la Sala Plena del alto tribunal.

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