La Procuraduría General de la Nación instó al Gobierno nacional a actuar de manera inmediata frente al aumento de accidentes causados por minas antipersonal en el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo, zonas que en el primer trimestre de 2026 registraron el mayor número de víctimas a nivel nacional.
El organismo rechazó enérgicamente el uso de estos artefactos por parte de grupos armados ilegales, señalando que constituyen una violación directa del Derecho Internacional Humanitario y ponen en riesgo a la población civil y a la fuerza pública.
Un panorama alarmante: cifras y contexto regional
Con base en un un comunicado emitido el domingo 10 de mayo por la Procuraduría, el Bajo Cauca y el Catatumbo encabezan la lista nacional de víctimas por minas antipersonal durante el inicio de 2026.
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Esta situación obedece a una táctica sistemática de control territorial ejercida por organizaciones armadas ilegales, que emplean explosivos para sembrar terror, imponer confinamientos y limitar la movilidad de las comunidades.
El organismo de control calificó estos hechos como una “grave infracción” a los acuerdos internacionales y advirtió que las minas antipersonal, por su carácter indiscriminado, están prohibidas en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
Según cifras oficiales, durante los primeros meses de 2026, las dos regiones han concentrado la mayor parte de los casos reportados en Colombia.
Impacto humanitario y obstáculos para la paz
La Procuraduría General de la Nación advirtió que la presencia de minas antipersonal “impone el terror, genera confinamientos y pone en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil y de la fuerza pública”.
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Este panorama representa un obstáculo para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, al dificultar la presencia estatal y limitar el acceso a servicios básicos, educación y asistencia humanitaria.
En el comunicado, el ente de control precisó que la táctica criminal de los grupos armados ilegales no solo busca controlar el territorio, sino también condicionar la cotidianidad de miles de habitantes, quienes enfrentan el riesgo constante de sufrir lesiones o perder la vida por la activación de estos artefactos explosivos.
Llamado a la acción y exigencia de respuestas estatales
El comunicado divulgado por la Procuraduría exige al Gobierno nacional que retome el control territorial en el Catatumbo y el Bajo Cauca.
Además, solicitó la intervención inmediata del Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en coordinación con alcaldías y gobernaciones, para desarrollar programas de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos y garantizar la atención integral a las víctimas.
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La entidad resaltó la importancia de asegurar la evacuación, extracción, atención prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación de las personas afectadas. “El Ente de Control condena el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las Minas Antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados”, subraya el comunicado emitido por la Procuraduría.
Monitoreo permanente y vigilancia sobre autoridades
En materia de seguimiento, la Procuraduría afirmó que mantendrá labores de monitoreo continuo sobre la situación humanitaria en Colombia y ejercerá estricta vigilancia preventiva sobre las autoridades responsables de la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal.
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El objetivo es asegurar una respuesta estatal oportuna y proteger a la población, garantizando que no se repitan estas graves violaciones a los derechos humanos.
Para finalizar, el Ministerio Público reiteró su compromiso de actuar frente a cualquier omisión en la asistencia a las víctimas y en la prevención de nuevos hechos, recordando que la erradicación de las minas antipersonal es una condición indispensable para avanzar en la consolidación de la paz y la seguridad en los territorios afectados.
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