MinTIC declaró la caducidad del contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados

Se trata del acuerdo que tiene en aprietos a la jefe de esa cartera, Karen Abudinen, luego de que se conociera la pérdida de un adelanto de 70.000 millones de pesos

Por medio de un acto administrativo, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) decretó la caducidad del contrato celebrado con Unión Temporal Centros Poblados para lograr la conexión a Internet de cerca de siete mil colegios de veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país. Se trataba de un acuerdo de 1,07 billones de pesos y que llevó a la pérdida de 70.000 millones de pesos.

El anuncio fue hecho durante una audiencia adelantada por la propia cartera, y en el que se determinó que la empresa elegida para el proceso incumplió con las condiciones del contrato, en detrimento de la buena fe aportada por las partes hasta ese momento, por lo que la declaración de la caducidad del contrato se configura como una decisión definitiva y sin lugar a apelaciones.

Para argumentar la decisión, la delegada del MinTIC, Adriana Vivas Robles, recordó las acusaciones hechas en contra de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, que habría presentado documentos falsos que daban cuenta de garantías bancarias emitidas por el Banco Itaú y que les permitieron hacerse tanto con el contrato, como con el anticipo de 70.000 millones de pesos.

La falsedad de las garantías fue confirmada por voceros de la entidad financiera, que ya habían declarado en días pasados que “ni Centros Poblados ni sus miembros fueron objeto de estudio de crédito para esta finalidad (la expedición de garantías bancarias) y, por lo tanto, no existe aprobación de cupo de crédito con exigencia de garantías reales o personales, para esta operación”.

Adicionalmente, Vivas advirtió que “no existe al interior del expediente contractual ni de la actuación administrativa contrato de seguros contentivo en una póliza de seguros que ampare salarios y prestaciones sociales, justamente porque corresponde a una de las garantías bancarias que no fueron emitidas por el banco Itaú”. Es decir, aparte de que no habían garantías, el aseguramiento del contrato también era dudoso.

Por último, la funcionaria señaló que los testimonios entregados por el contratista para defender su accionar y su perspectiva de lo sucedido fueron rechazados por no ser conducentes, ni pertinentes, ni útiles, pues no cumplían con los requisitos de ley.

Todo queda resumido en la confirmación de la resolución 1747 del 19 de julio, por medio de la cual se confirma la caducidad del Contrato de Aporte 1043 de 2020, suscrito entre el MinTIC y Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020. En la misma, además de dar por terminado el acuerdo, se toman otras decisiones en contra del contratista, como el hecho de que ninguno de los miembros del consorcio podrán seguir trabajando en los contratos que tengan con el Estado actualmente.

Explicado de otra manera, tanto la Unión Temporal Centros Poblados, como sus integrantes, Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S. quedaron reportados e inhabilitados ante las cámaras de comercio en las que se encuentren inscritos como el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

De igual forma, el documento afirma que todo el expediente del caso en cuestión, incluida la propia resolución, serán remitidos a organismos como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General de la Nación, con el objetivo de que conozcan la perspectiva del MinTIC en el caso y tomen las acciones que consideren pertinentes. También quedarán notificados la Interventoría Consorcio PE2020 C Digitales, como supervisor del proyecto, y el Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.

Tras el final de la audiencia, la jefa de la cartera tecnológica, Karen Abudinen, informó que, “la UT Centros Poblados deberá pagar los $70 mil millones del anticipo recibido, más los $39 mil millones de la cláusula penal pecuniaria. ¡Colombia se respeta!”

Por su parte, el apoderado del consorcio Jorge Pino Ricci, advirtió que presentará un recurso de revocatoria del acto administrativo, pues la ministra Abudinen emitió prejuzgamientos en el momento en el que estalló el escándalo y aseguró que procedería a declarar la caducidad, incluso antes de que iniciara un debido proceso. Desde el MinTIC, sin embargo, aseguran que en ningún momento se ha violado este último derecho.

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