Investigaciones por la existencia de un presunto ‘cartel de la salud’ en Antioquia

La celebración de un contrato, para la gestión documental, sin el cumplimiento de los requisitos legales, se suma a la investigación.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, denunció la existencia de un presunto ‘cartel de la salud’ en el departamento de Antioquia. De acuerdo con sus alegatos, todo indicaría que este entramado de corrupción tendría entre sus principales involucrados a la alcaldía de Yarumal y a su asesor Sergio Mesa. La celebración de un contrato, por objeto la gestión documental, sin el cumplimiento de los requisitos legales, ahora, se suma a esa investigación. En el caso también resaltarían los nombres del exconcejal de esa población, Bernardo Serna; la secretaria de Salud Lina Bustamante y el gerente covid-19 de la zona, Luis Suárez.

La Red de Veedurías, entonces, y tras poner la lupa en este caso, radicó formalmente una solicitud de investigación penal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal, contra el alcalde de Yarumal (Antioquia), Miguel Pérez y su asesor Sergio Meza, por el contrato que no se habría ejecutado de forma correcta. Así lo informó el portal de RCN Radio y el noticiero del Canal Uno.

“Dicho contrato tenía una alta prioridad cuyo objeto no se había agotado, por lo cual no tendría las experticia y se destinó en buena parte, para el manejo de recibo de hojas de vida”, dijo el veedor respecto al documento que evidenciaría el presunto caso de corrupción. Bustos dejó en claro que Sergio Mesa, con quien se celebró el contrato, no habría contado con la formación académica, ni la experiencia en gestión documental, para firmar aquel documento.

Lo que comentó la emisora, y lo que quedó descrito en la denuncia de la Red de Veeduerías, fue que Mesa debía permanecer en el despacho en los horarios de oficina acordados, mínimo durante los 10 meses, sin embargo, “dicho contrato de gestión documental fue terminado anticipadamente por determinación del contratista (...) y fue destinado a actividades ajenas al objeto según los estudios previos, como en la asesoría para recibir hojas de vida y atender la agenda del alcalde de Yarumal”.

Se espera ahora que la formulación de una denuncia penal, y la solicitud de investigaciones ante la Procuraduría y Contraloría, ayuden a esclarecer lo sucedido y lo que salpicaría a varios integrantes del gabinete.

Esta investigación se remite al 2016, año en el que se denunció que habrían presuntas irregularidades en la ejecución de pagos y contratos, particularmente, en los hospitales públicos del departamento antioqueño. “Lo que señalan las mismas denuncias es que se habrían hecho pagos después de haber dejado ciertos cargos, y pagar cuentas al ciertos proveedores a amigos y cercanos, con un sesgo a privados y sector público. También se ha señalado como se manipuló nombramientos de funcionarios”, explicó en ese entonces.

A inicios de este año, Pablo Bustos señaló a la Supersalud por aparentes hechos de corrupción. A sus investigaciones llegaron audios con los que pretendía demostrar sus señalamientos. Los audios fueron recaudados de manera legal por agentes de Policía judicial y hacen parte del paquete de pruebas que la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder dentro del proceso penal que se adelanta” indicó el Bustos.

Luís Guillermo Grosso, exinterventor de Cafesalud, y a quien se acusó de causar un detrimento patrimonial de más de $80.000 millones, mientras estuvo a cargo de la intervención de Saludcoop, aseguró que en su cargo nunca hubo nada incorrecto. “Nada irregular ni objeto de reproche puede derivarse de esas conversaciones. El contexto correspondía a la pregunta que todo el sistema de salud se hacía para esa fecha (...) no he sido asesor ni miembro de UTL de ningún congresista ni tuve contrato alguno con el Estado durante los años en que tuvieron lugar estos audios”, reiteró.


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