Los argumentos que pondrá sobre la mesa Armando Benedetti en su proceso por enriquecimiento ilícito

El senador ordenó un estudio contable que demostraría que la Corte Suprema de Justicia omitió incluir en sus cuentas varios parámetros básicos para calcular los ingresos y las declaraciones de renta de los colombianos.

Senador Armando Benedetti. / Cortesía
Senador Armando Benedetti. / Cortesía

Durante los últimos días se ha venido reactivando la información del caso lanzado por Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Armando Benedetti, quien está acusado por enriquecimiento ilícito, luego de que se conociera que su patrimonio percibió un incremento de $2.919 millones entre 2002 y 2018 sin explicación aparente.

Las acusaciones, tildadas de falsas y hasta de persecución por el político costeño, sí podrían tener un sustento legal, según documentos que poco a poco se dieron a conocer esta semana, en la forma del estudio contable contratado por el parlamentario y su abogado Miguel Ángel del Río, y realizado por Gabriel Ochoa Díaz, antiguo funcionario de la Fiscalía.

Según dicho Estudio Financiero Integral, difundido inicialmente por el periódico colombiano El Espectador, los cálculos ordenados por la magistrada Cristina Lombana para investigar a Benedetti no restaron, por ejemplo, la valorización nominal de su patrimonio libre de deudas, que no tienen ninguna clase de efecto tributario.

Dicha omisión, al parecer, habría influido en que la Policía Judicial encargada de adelantar la investigación contra el hoy aliado de Gustavo Petro en la Colombia Humana, encontrara supuestas irregularidades en las declaraciones de renta de 2008, 2014, 2016 y 2017.

Valga recordar, entonces, que una matriz financiera conocida el fin de semana en el que estalló el escándalo en contra el senador, a mediados de marzo pasado, indica que este habría recibido ingresos muy superiores a los que reporta en sus declaraciones de renta por la que sería su única actividad económica: legislador.

Las cifras indican que entre 2008 y 2009 recibió ingresos por $169 millones más de lo que reportó. En 2010 fueron $76 millones y en 2016 se registraron $717 millones por encima de lo plasmado en la declaración de renta. Para 2018 tuvo un ingreso de alrededor de 1.075 millones de pesos, una cifra muy superior a la que gana en un año un parlamentario en Colombia, pero como saldo final de ese mismo año se evidenciaron ganancias por $1.216 millones, en lo que para la Corte sería un alza sin justificación.

Según le comentó el contador Ochoa al mencionado diario “para la Policía Judicial lo único que podía haber declarado una persona natural, aforada siendo senador, era lo que le pagaba el Congreso. Una persona natural puede tener unos negocios. Yo puedo comprar una moto y vender una moto. Conceptos de otros ingresos. Es un error de análisis grave”.

Para ilustrar su punto, el experto empleó otro ejemplo del caso: para 2016, dicha autoridad contó entre los ingresos de Benedetti lo que recibe como salario de congresista, $560 millones, más no lo que entra de otras fuentes que asegura son legales, que representan $39 millones, así como por rentas exentas por $134 millones, que corresponderían a cuestiones como cesantías o indemnizaciones.

Esto justificaría, entonces, lo dicho por el propio senador el pasado 29 de junio durante su audiencia de indagatoria, cuando le dijo a la Corte que el informe en el que se basa la magistrada Lombana desconoce que el senador recibió dineros apartes por reposición de votos, préstamos bancarios, cesantías y el rebote de dos cheques, entre otros.

De hecho, Ochoa asegura que la Corte se saltó, por lo menos en tres años electorales, las ganancias que recibió Benedetti como compensación por los votos obtenidos durante dichas campañas, que se pueden entender como un retorno de la inversión hecha para ser elegido, y que no constituyen renta.

Incluso, podría existir otro fallo en los estudios financieros del alto tribunal, pues se presume que este comparó todos los ingresos causados por Benedetti a lo largo de su vida, con lo declarado durante un año, lo que podría generar desfases injustificados, pues lo correcto es comparar lo recibido durante, 2009 por ejemplo, con lo declarado en ese mismo periodo.

El estudio también buscaría resolver otras cosas por justificar, como la compra de un apartamento de $1.600 millones en el barrio El Retiro, de Bogotá, por parte de Ruby Corredor, quien lo adquirió legalmente, pero con fondos a los que al parecer no tendría manera de acceder o justificar. Esta, posteriormente se lo entregó a Benedetti, pues se presume que el parlamentario le giró un cheque a través de una empresa llamada Factoring servimos.

Hay que señalar al respecto que Corredor asegura no conocer a Benedetti, y que la según la revisión hecha por el contador a las finanzas del senador, el último no es accionista o está relacionado con ninguna empresa.

Adicionalmente, están los giros mensuales que entre 2009 y 2018 suman una cantidad cerca a a los $1.100 millones y que fueron enviados por el congresista a Elsy Mireya Pinzón, quien fuera miembro de su UTL. Según confirma el estudio, se trata de remesas que la funcionaria a su turno hacía llegar al hijo de Benedetti, que estudiaba en el exterior.

De ahí que el abogado Miguel Ángel del Río haya solicitado a mediados de esta semana la ampliación de la indagatoria. “Se confundieron, además, dineros de la campaña política con dineros de sus cuentas personales, que no se tuvieron en cuenta préstamos de entidades bancarias que ingresaron al torrente financiero del senador”, expresó el defensor.

De acuerdo con Del Río, “el informe por parte nuestra demuestra que no es cierto que la suma de tres mil millones de pesos no haya podido ser justificada. Esto no tiene asidero en la realidad”.

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