Procuraduría pide escuchar nueva víctima antes de decidir la preclusión en el caso de Álvaro Uribe

La jueza suspendió la audiencia y ordenó reanudar el lunes 26 de julio para dar a conocer su decisión. El abogado Luis Alfredo Castro Barón asegura representar al sacerdote Abel de Jesús Barahona, desaparecido en 1996, presuntamente, a manos del Estado colombiano.

(Colprensa - Diego Pineda)
(Colprensa - Diego Pineda)

Una vez más, este 22 de julio, la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá citó a todas las partes involucradas dentro del proceso que se lleva en contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien se acusa por presunta manipulación de testigos, para definir la preclusión del exmandatario. En medio de la audiencia virtual, Luis Alfredo Castro Barón, quien asegura representar al sacerdote Abel de Jesús Barahona, desaparecido en 1996, y a quien se le había negado la posibilidad de ser tomado como una víctima de desaparición forzada, intervino para solicitar, de nuevo, ser escuchado. La Procuraduría, en apoyo con el fiscal Gabriel Jaimes, pidió que el hombre sea tenido en cuenta. La jueza suspendió la audiencia y ordenó reanudar el lunes 26 de julio para dar a conocer su decisión.

El delegado de la Procuraduría General de la Nación, en medio del encuentro, señaló que es necesario que el abogado Castro Barón sea escuchado pues, es prudente conocer los argumentos por los que el defensor considera que debe ser acreditado como víctima es este caso. El fiscal Gabriel Jaimes mostró su apoyo ante los argumentos de ese ente.

“Para que sean el marco del sistema penal acusatorio, en esta audiencia donde se resuelvan las solicitudes del doctor Luis Alfredo Castro sobre el reconocimiento como víctima y de no hacerse de esta manera, considera este Ministerio Público se producirían consecuencias para el desarrollo de la audiencia que posteriormente se podría estar declarando la nulidad y estaríamos adelantando una actuación, eventualmente, que en unos meses estaría en el mismo punto”, se manifestó en la audiencia en vocería de la Procuraduría.

La presencia de este abogado detiene el caso que, para hoy, pretendía un nuevo avance: se esperaba que la Fiscalía pudiera leer la solicitud de preclusión, que anunció desde marzo de este año, para que la jueza entre a estudiar si archiva la investigación o si el fiscal Gabriel Jaimes debe seguir adelante con la judicialización de Uribe, investigado por fraude procesal y soborno en actuación penal.

El abogado Luis Alfredo Castro Barón había enviado, hace ya varias semanas, una solicitud para ser reconocido como víctima. La jueza le negó esa petición, sin embargo, Castro Barón decidió poner diferentes recursos para recibir la atención de la justicia, entre las que hay una tutela que todavía está pendiente por resolver por el Tribunal de Bogotá. Lo que asegura el abogado es que el sacerdote, de quien es apoderado, “fue desaparecido por el Estado colombiano bajo la presidencia de Ernesto Samper”.

“Luis Alfredo Castro Barón indica que eleva la petición en nombre propio y del padre Abel de Jesús Barahona Castro; sin embargo, no allegó con su solicitud poder que aquel le confiriera para que lo representara en esta solicitud. Por ello, el despacho no realizará ningún pronunciamiento respecto del último, únicamente lo hará frente a Luis Alfredo Castro Barón”, argumentó la Jueza cuando tomó su decisión, ahora refutada por la Procuraduría.

En contra de Jaimes y de la Procuraduría estuvo el exfiscal Eduardo Montealegre quien argumentó que la decisión de la juez de negar con anterioridad la vinculación del abogado Castro en calidad de víctima en ese proceso, es la acertada. “Para la consecución de un fin el cual era el que buscaba la juez darle celeridad en esta audiencia, en la administración de justicia y lo que entra a continuación es que tiene que establecerse una relación entre el medio y el fin”, dijo.

El caso de Uribe se devuelve a julio de 2018, cuando fue llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes, con una ponencia de más de 1.500 páginas, terminó poniendo a Álvaro Uribe Vélez bajo detención domiciliaria en agosto de 2020. Esto trajo consecuencias para el expresidente que, poco más de un mes después, renunció a su curul del partido Centro Democrático en el Congreso, fue así como su proceso pasó a manos de la Fiscalía.


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