Defensor de Derechos Humanos en Chía denuncia persecución de la Policía por grabar un presunto procedimiento irregular contra una indígena

Denuncia que le impusieron un comparendo, en el que no se valoraron pruebas, para beneficiar a los uniformados señalados de, al parecer, detener sin justificación a la mujer

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El fotógrafo registró lo que sería la irregularidad en el procedimiento a la mujer indígena. Fotos: Tomadas del Twitter del senador Feliciano Valencia
El fotógrafo registró lo que sería la irregularidad en el procedimiento a la mujer indígena. Fotos: Tomadas del Twitter del senador Feliciano Valencia

Por grabar el pasado 12 de junio cuando varios uniformados se llevan a la fuerza a una mujer indígena, en lo que sería un procedimiento policial irregular, Juan Sebastián Vásquez, un defensor de derechos humanos en Chía (Cundinamarca), denuncia que es víctima de una persecución por parte de los señalados.

En una nota del informativo de televisión Noticias Uno indicaron que los policías habrían respaldado un ataque racista contra la indígena, quien, al parecer, agredió a una habitante de ese municipio que previamente le lanzó insultos racistas en el parque principal de esa población al norte de Bogotá.

En la información del noticiero se indica que la mujer de la comunidad Embera Katío resultó capturada sin esposas y expulsada a la fuerza del lugar cuando pedía dinero. Sin embargo, horas después del incidente, la detenida fue puesta en libertad, ya que el juez que llevó el caso no encontró méritos para su detención.

En un artículo que publicaron en el periódico El Espectador sobre dicho suceso, se indicó que la indígena quedo en libertad luego de que no le fuera legalizada la captura, ya que en el momento en que se realizó ese procedimiento no le leyeron sus derechos en su idioma.

La mujer Embera regresó a Bogotá tras este percance, pero el problema le quedó al defensor de Derechos Humanos, a quien ese mismo día le impusieron un comparendo porque según los policías habría obstruido el procedimiento policial.

“Por supervisar los derechos de la persona que están metiendo en la patrulla”, decía Vásquez en un aparte del video en el que se evidenciaría el procedimiento irregular de los uniformados.

En Noticias Uno resaltaron que esta no sería la primera vez que le ocurre una situación similar a Vásquez, ya que antes había filmado otro procedimiento de los uniformados y también le impusieron un comparendo, que contaba, reseñaron en el noticiero, con un recurso de apelación que se dio a su favor.

No obstante, señaló que al parecer a los policías de ese municipio les molestó quedar en evidencia, por lo que ahora lo persiguen.

“Nos tienen individualizados en la Policía, tanto al grupo de derechos humanos como a la Primera Línea de primeros auxilios. Una violación a mis derechos. Yo me siento vulnerado”, aseguró Vásquez en Noticias Uno.

Pero en esta ocasión el comparendo fue ratificado por la inspectora de policía de Chía, que sostiene Vásquez, no tuvo en cuenta las pruebas para beneficiar a los policías. La situación, además, afectó laboralmente a Vásquez porque perdió una oportunidad de trabajo al tener vigente la sanción.

“Nos llevan a estos procesos para desgastarnos y digamos echarnos para atrás en el tema de defensa de Derechos Humanos”, agregó el defensor de Derechos Humanos.

Pese a la complicación que le trajo ese proceso, Vásquez aseguró que seguiría realizando su trabajo social con la comunidad del municipio y que con su apoderado analiza denunciar a la inspectora de policía que llevó su comparendo, ya que al supuestamente beneficiar a los uniformados, estaría incurriendo en el delito de prevaricato por acción, de acuerdo con la jurisprudencia de la sala penal de la Corte Constitucional.

Una agresión que no podía implicar una captura

En el artículo que publicó sobre este caso El Espectador, se explicó que si bien la indígena agredió a la mujer que la había insultado, como señalaron algunos testigos, el procedimiento en este caso no daba para una captura, si acaso para iniciar una querella.

Según subrayó el abogado Manuel Marín, quien acompaño a la mujer Embera, el procedimiento lo terminó realizando un hombre, a pesar de que una mujer policía inicialmente la acompañaba, que no garantizó la lectura de sus derechos en el idioma de esa comunidad.

“El procedimiento para garantizar los derechos de los niños y niñas no debería generar un impacto contra ellos o su comunidad étnica. Lo que se evidenció fue por la forma cómo le piden que se vaya. Eso hizo que varias personas alrededor comenzaran a señalarla”, explicó el jurista en El Espectador.

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