Así haría el CIDH el monitoreo de sus recomendaciones en Colombia

Este miércoles 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo publico el informe sobre la información que pudo recopilar en su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio en el marco del Paro Nacional. En el documento el mecanismo hizo 41 recomendaciones al Estado colombiano, pero además, de todo lo anterior anuncio que de cara al futuro cercano de la situación social y política colombiana se hará la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos, con el fin de monitorear el desarrollo de las protestas y el estado de sus recomendaciones.

“La CIDH continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales al tiempo que expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica al Estado para el seguimiento de las recomendaciones, para lo cual anuncia la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, con esta frase culmina el informe.

Este mecanismo mecanismo no es nada nuevo pues ya se ha sido implementado en algunos países de la región como Venezuela y Nicaragua. En el caso del segundo, por ejemplo, se instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) en 2018 para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones que la CIDH hizo al gobierno de Daniel Ortega tras las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en las protestas sociales de ese año y el propósito era seguir manteniendo un acercamiento con la sociedad civil. Sin embargo, no se ha hecho desde dentro de los países sino que el seguimiento ha sido desde países vecino en el caso de Venezuela desde Colombia y en el caso de Nicaragua desde Costa Rica.

De acuerdo con María Clara Galvis, profesora de la Universidad Externado y exvicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en entrevista con diario El Espectador “facilitan un análisis de las decisiones y recomendaciones, permiten dar una exposición pública del caso o la situación y proveen el seguimiento periódico y sistemático del tema, lo que resulta en un seguimiento más profundo y enfocado por parte de la CIDH”.

Pese a que el mecanismo es parecido existe una gran diferencia con Nicaragua y Venezuela, pues en este caso la CIDH hizo las recomendaciones al Estado y extendió un llamado a que el mecanismo sea implementado al interior del país y conjunto con algunas instituciones estatales en temas como: su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la Policía, las denuncias de violencia sexual y de género, el uso de la figura de traslado de protección para detener a manifestantes, la desaparición de personas, la figura de asistencia militar como una forma de disuadir las protestas, la aplicación de la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, las agresiones a periodistas y las dinámicas de la protesta en internet.

Pese a que el informe hace contraste de fuentes y un llamado ha seguir los acuerdo firmados, el Gobierno de Iván Duque como ha pasado en otros países rechaza las sugerencia y hace una fuerte critica a la CIDH. Incluso, la cancillería rechazó la instalación del mecanismos.

“Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por lo tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento. En atención al principio de subsidiariedad que rige las actuaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”, puntualizó.

Pese a la respuesta la profesora Galvis aclara que la CIDH tiene autonomía para instalar estos mecanismos de seguimiento, por lo que no necesita la aprobación del Estado para hacerlo.

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