
Fabio Valencia Cossio es un abogado, político y exministro colombiano, reconocido por ser uno de los delegados y negociadores de paz del Gobierno en la mesa de diálogos con la disidencia de las Farc, afirmó que el jefe guerrillero no firmará la paz ni entregará las armas antes del fin del gobierno de Gustavo Petro, y sostuvo que el modelo de negociación aplicado con esa disidencia “fracasó” porque el jefe guerrillero lleva casi un año alejado de la mesa mientras su estructura, según dijo, se fortaleció en medio del proceso.
En la entrevista con Semana, el delegado de la oposición en esa mesa comparó el resultado del esquema actual con el antecedente del proceso de La Habana y sostuvo que, tras la desmovilización de 11.500 personas, hoy existen 27.000 integrantes en distintos grupos armados ilegales. Añadió que eso equivale a “casi 30.000 hombres en armas”.
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Valencia, describió el proceso como una secuencia de “altibajos y traumatismos”. Explicó que la mesa comenzó cuando aún estaban integrados en un mismo bloque los sectores que hoy responden a alias Iván Mordisco y a alias Calarcá Córdoba.
La ruptura entre ambos bandos, dijo, agravó la situación en el Micay, en el departamento del Cauca, donde señaló una “confrontación total”, un sometimiento de la población y una acción militar cuya eficacia, a su juicio, no puede medirse con claridad después de dos años.

“Calarcá” lleva casi un año sin aparecer en la mesa
La última vez que los integrantes de la mesa vieron físicamente a “Calarcá Córdoba” fue en una reunión en Pueblo Bello, en San Vicente del Caguán, hace casi un año, según relató Valencia. Desde entonces, afirmó, el jefe disidente solo habría mantenido contacto con Gloria Quiceno, la jefa negociadora del Gobierno.
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El delegado sostuvo que el comandante ha permanecido “muy remontado en zonas inhóspitas” bajo control de su grupo y que, en su lugar, designó delegados para mantener alguna interlocución. Para Valencia, esa ausencia fragmentó todavía más el proceso y afectó de manera directa cualquier posibilidad de avance.
Atribuyó ese distanciamiento al enfrentamiento con “Iván Mordisco”, que obligó a “Calarcá” a concentrarse en su propia guerra. En ese contexto, mencionó masacres entre facciones, ataques y afectaciones a la fuerza pública.
El dirigente opositor también aseguró que la vigencia de la mesa benefició al jefe armado, porque se mantuvo suspendida su orden de captura. Según su versión, ese escenario coincidió con una expansión territorial y con un aumento del número de integrantes de su estructura.
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El delegado dijo que no habrá acuerdo ni dejación de armas
La respuesta de Valencia sobre el desenlace inmediato de la negociación fue categórica: “Calarcá lo ha dicho claramente, el Gobierno lo sabe, él dice que no negocia con este Gobierno ni entrega las armas”. Con esa frase, el delegado descartó una firma de acuerdo o una dejación de armas antes del 7 de agosto.

A partir de esa premisa, insistió en que el esquema de diálogo aplicado por la administración Petro no es “eficaz” ni “viable”. Su propuesta, según explicó a Semana, es reemplazar ese formato por un mecanismo de acogimiento unilateral en el que el Estado asuma la protección de la población civil en las zonas golpeadas por la violencia.
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Valencia fue enfático al referirse a la idea de una lectura más amplia del conflicto. Dijo que en Colombia ya no existe un delito político de rebelión y que la violencia actual es “multiforme”, sostenida por economías ilegales, control territorial regionalizado, expansión criminal y sometimiento de comunidades.
En ese punto, también planteó una crítica de fondo a las negociaciones de paz de las últimas décadas: “Han sido de gobiernos y no del Estado”. A su juicio, esa falta de continuidad institucional explica parte de los fracasos.
Valencia denunció presión electoral en zonas bajo control armado
En la entrevista, el delegado afirmó que “Calarcá” y su grupo presionan a los votantes en Caquetá, Meta y Guaviare para favorecer a Iván Cepeda. Dijo que ese asunto fue llevado a la mesa y sostuvo que los resultados electorales en varias zonas muestran “mesas totalmente homogéneas” a favor del Pacto Histórico y de sus candidatos.
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Según su relato, la estructura armada había firmado un compromiso para respetar las elecciones, no intervenir y garantizar la independencia de los ciudadanos. Valencia aseguró que ese acuerdo no se cumplió.

Pese a ese cuadro, reconoció un único saldo positivo del proceso: las transformaciones territoriales y algunas acciones adelantadas en sectores donde tiene presencia el grupo de “Calarcá”. Fuera de ese punto, dijo, no hubo avances frente a un reclutamiento, extorsión ni otros delitos atribuidos a la organización.
También confirmó que permanecerá en la mesa hasta que su partido le indique retirarse. Explicó que su presencia no obedece a una decisión personal, sino a una representación de la oposición, y recordó que junto con Viviana Manrique preparó dos documentos Conpes: uno para el Micay y otro para el Catatumbo, en Norte de Santander.
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Sobre el futuro político de esa negociación, anticipó que un eventual nuevo gobierno introduciría cambios “drásticos” en seguridad y orden público. En ese marco, definió a “Calarcá” como un hombre “enigmático” y “calculador”, con un objetivo explícito: no entregar las armas ni negociar con la actual administración mientras consolida, según su descripción, un poder ilegal visible “a la vista de todos”.
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