Ministerio de Hacienda espera que la economía colombiana crezca un 6 % durante 2021

El Gobierno nacional presentó la hoja de ruta de la política fiscal del país para los próximos 10 años en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, que define la perspectiva sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y fiscales en dicho período.

2020 presentó uno de los retos más importantes en términos de la política económica, toda vez que la pandemia asociada al covid-19, la caída del precio del petróleo y la caída en la actividad económica mundial implicaron el mayor choque económico y social de la historia reciente del país.

Ante este reto, el Gobierno respondió de forma contundente, protegiendo sobre todo la salud de la población, los hogares en situación de vulnerabilidad y la actividad económica. Esta intervención mitigó notablemente la intensidad de la crisis, minimizando los efectos duraderos que esta generará sobre los hogares y las empresas.

“Este choque nos dejó con un conjunto de retos que requieren una Triada de Soluciones en materia social, económica y fiscal. La Triada indica que, para lograr solución a cualquiera de estos frentes, es indispensable atender, simultáneamente, los otros dos”, informó el Ministerio de Hacienda durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021.

De acuerdo con el ministerio, el bienestar social necesita de unas finanzas públicas sanas, para financiar gastos dirigidos a los más vulnerables, así como de una economía vigorosa que mediante la generación de empleo formal revitalice el ingreso de los hogares.

La reactivación económica, por su parte, requiere de un entorno macroeconómico y social favorable. Finalmente, apuntalar la sostenibilidad fiscal está supeditado a la presencia de un crecimiento económico boyante y de una buena disposición de los actores sociales para alcanzar consensos en materia de política económica inclusiva y sostenible.

En este orden de ideas, la estrategia fiscal establecida en el documento que se presentó este 15 de junio contempla una política expansiva en el corto plazo y un ajuste gradual en el mediano plazo que garantice la estabilización y la reducción de la deuda pública.

“Para 2021 y, en menor medida, 2022, se prevén gastos adicionales cuyo propósito es impulsar la recuperación del tejido social y de la actividad económica. De 2023 en adelante habría una reducción más pronunciada del estímulo fiscal y un incremento en los ingresos permanentes del Gobierno, que contribuirían a la reducción del pasivo público en el mediano plazo”, explicó la cartera de Hacienda.

Es así como para este año, el Gobierno nacional mantendrá su meta de déficit fiscal en 8,6 % del PIB, en línea con el Plan Financiero presentado en marzo pasado. Dicha meta de balance fiscal se establece en un contexto en el que se prevé que el crecimiento económico se ubique en 6,0 %, en línea con la recuperación de la economía mundial y los avances del proceso de vacunación.

Colombia tiene la oportunidad de lograr una Triada de Soluciones.
Colombia tiene la oportunidad de lograr una Triada de Soluciones.

Crecimiento dinámico

Según el documento, se prevé que en el mediano plazo el país crezca por encima de su potencial, siendo este un factor fundamental para materializar la Triada de Soluciones que se determinó en materia social, económica y fiscal

De acuerdo con el ministro José Manuel Restrepo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo define la estrategia de política fiscal para garantizar precisamente esa Triada de Soluciones, en la que el Proyecto de Ley de Inversión Social es protagonista.

Así, según el funcionario, una economía dinámica, una política fiscal responsable cimentada en mayores ingresos y menores gastos y una clase media fortalecida, constituirían, conjuntamente, un triángulo virtuoso para el desarrollo del país.

Agregó que en el frente fiscal un componente importante de la estrategia está asociado al fortalecimiento de la Regla Fiscal, a través de la inclusión de objetivos explícitos para la deuda del Gobierno, que mediante metas operativas sobre el balance primario garanticen la convergencia del pasivo público a niveles prudenciales en el mediano plazo.

Al respecto, expresó que el Proyecto de Ley de Inversión Social contribuiría con más de dos terceras partes de los recursos permanentes necesarios para guiar la deuda a dichos niveles objetivo. Esto sería resultado de esfuerzos contemplados en el Proyecto de Ley en materia de austeridad del gasto, mayores instrumentos para fomentar la formalización fiscal y modificaciones en el estatuto tributario, que no tengan ningún tipo de afectación sobre la clase media ni, por supuesto, sobre los sectores más vulnerables.

Para 2021, se proyectan necesidades de financiamiento del Gobierno nacional Central (GNC) por $134 billones, 12,1 % del PIB, compuestas por un déficit a financiar de $95.7 billones (8,6 % del PIB), amortizaciones por $18.9 billones (1,7 % del PIB) y pago de obligaciones por $8.6 billones (0,8 % del PIB).

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, precisó que dichas necesidades se buscan atender principalmente a través de una estrategia diversificada de desembolsos de deuda interna y externa, así como otros recursos y depósitos de tesorería.

Explicó que de las fuentes de financiamiento que implican desembolsos de deuda, el 62,9 % corresponde a fuentes en moneda local y el 37,1 % a moneda extranjera.

Por su parte, para 2022 se espera un crecimiento del PIB de 4,3 %, que permitirá que la economía supere los niveles de prepandemia y recupere una senda de crecimiento sostenible.

Así mismo, el Gobierno planea que la próxima vigencia inicie un proceso ordenado de ajuste fiscal, en donde el déficit meta de 7 % del PIB implica un aumento en el balance de 1,7 puntos porcentuales del PIB frente a 2021.

Restrepo precisó que la magnitud del ajuste al que se compromete el Gobierno nacional está en línea con los programas de aumento del balance fiscal de otros países emergentes y de la región.

Para 2022, se proyectan necesidades de financiamiento del GNC por $127.8 billones (10,7 % del PIB), compuestas por un déficit a financiar de $83.6 billones (7,0 % del PIB), amortizaciones por $27.8 billones (2,3 % del PIB) y pago de obligaciones por $6.4 billones (0,5 % del PIB).

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