“La fuerza pública protege la protesta pacífica y los DD.HH., y le hace frente a la violencia”: Diego Molano

El Ministerio de Defensa de Colombia presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en el que manifestó su apoyo a la fuerza pública, a pesar de las múltiples críticas por su actuación en el paro nacional.

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y manifestantes se enfrentan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, el 26 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y manifestantes se enfrentan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, el 26 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El Ministerio de Defensa de Colombia presentó este miércoles su propio informe sobre la situación de derechos humanos en el país durante las manifestaciones sociales del paro nacional, que completa 43 jornadas.

El jefe de cartera, Diego Molano, publicó el informe de 125 páginas en el que se ratificó el apoyo por parte del Gobierno nacional a la fuerza pública durante las movilizaciones sociales, a pesar de haber recibido varias críticas por parte de diferentes sectores sociales, políticos y organizaciones internacionales frente a su actuación.

“La fuerza pública protege la protesta pacífica y los DD.HH., y le hace frente a la violencia. Este es el Informe del Sector Defensa: “Garantías a la manifestación pacífica y control de acciones violentas. Período 28 de abril al 4 de junio de 2021. Es un informe al país y al mundo de cómo hemos garantizado la manifestación pacífica”, indicó el ministro.

De igual manera, señaló que se ha abierto investigación contra 180 uniformados de la Policía vinculados con denuncias por homicidio, abuso policial, abuso sexual, actuaciones con acoso sexual y otras en las que se habrían cometido fallas disciplinarias en medio de las protesta, un número ínfimo si se contrasta con los reportes de las organizaciones sociales.

A su vez, el informe indica que se han ordenado ocho suspensiones provisionales a miembros de la fuerza pública entre las investigaciones, de las cuales 130 se encuentran en etapa preliminar, 139 se encuentran vigentes y 23 han sido asumidas por la Procuraduría.

Este Gobierno rechaza tajantemente las conductas de miembros de la fuerza pública que atenten contra los derechos humanos de los ciudadanos y se alejen de los protocolos establecidos para la actuación. La política no tolera estos actos y por ello se investiga y sanciona cualquier conducta que no se apegue a la Constitución y a la ley”, señala el informe del ministerio.

Asimismo, el documento establece que durante las movilizaciones sociales, se han presentado disturbios y acciones violentas, en las que se han vulnerado más de 14 derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la propiedad privada, a la salud, al trabajo, y a la educación.

Así como los derechos a la reunión y manifestación pacífica, a un medio ambiente sano, a la seguridad personal, a la alimentación, a un orden social justo, al desarrollo económico y al orden social justo, unos derechos que se han visto vulnerados históricamente por una parte de la sociedad civil, que ha hecho presencia en las calles.

“Sobre los casos excepcionales de uso excesivo de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Policía Nacional en el marco del Paro Nacional que hoy son objeto de investigación, es necesario tener presente que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional es legítimo por mandato constitucional siempre que cumpla con los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad”, asegura el comunicado.

En ese sentido, manifiesta que el uso de las armas de fuego por parte de la fuerza pública es legítimo, siempre y cuando esté en peligro su vida o la de un tercero, y serán las autoridades penales quienes determinarán si en cada uno de los casos señalados se cumplió con los criterios establecidos.

A lo largo del paro nacional, las tanquetas del Esmad han sido objetivo de vandalización por parte de manifestantes. Foto: Colprensa
A lo largo del paro nacional, las tanquetas del Esmad han sido objetivo de vandalización por parte de manifestantes. Foto: Colprensa

Por último, el ministerio realizó una serie de conclusiones en las que establece que el Estado no tolera la violación de derechos humanos y en el caso de presentarse ,se llevará a cabo una investigación rigurosa y una serie de sanciones severas, que garanticen que los procesos no tengan impunidad.

“El Estado colombiano cumple rigurosamente con las obligaciones de respeto y garantía del derecho a la protesta, conforme a los estándares internacionales relativos a su protección”, concluye el documento.

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