“El Estado colombiano debe ser investigado”: informe preliminar de misión internacional de DD.HH.

El pasado 25 de mayo aterrizaron en Colombia varios representantes de organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos provenientes de diferentes países, entre los que se destacan Leonardo Pérez Esquivel, Sergio Maldonado, Marianela Navarro, Alejandro Rusconi, Laura González Velazco y el argentino Juan Grabois, quien no pudo ingresar al país por un altercado que sostuvo con funcionarios de Migración Colombia.

El grupo se identificó como parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, que tras varios días de estar en el país, este 3 de junio entregó un informe preliminar de lo que encontró. De entrada, sostienen que efectivamente hay abusos por parte de miembros de la fuerza pública. “Los testimonios recogidos han sido abrumadores. Testigos todos ellos en reprochar la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa, se advierte que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”, aseguran.

Según el informe, el escenario en el país durante las protestas, “combina fuego, humo, gas y estampida (entre otros recursos letales) es retratado por los numerosos testimonios recogidos. Posicionados en tanquetas y aún desde el mismo asfalto (agravando el riesgo para la población) las vulgarmente conocidas como bombas aturdidoras han provocado lesiones severas en centenares de personas y hasta varios homicidios (cítase como ejemplo el de Sebastián Quintero Munera, Popayán 14 de mayo)”.

La misión expuso que es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho provocando lesiones oculares en numerosos manifestantes y transeúntes, del mismo modo que es frecuente la utilización de “caucheras”, resorteras y aún la misma mano para arrojar piedras de gran porte sobre la multitud replegada. Afirmó que es notorio el atropello de manifestantes con las tanquetas, provocando severas heridas.

También ratificó la existencia de empresas privadas (supermercados y talleres) en las que se habrían dispuesto traslados de personas detenidas en las manifestaciones por efectivos uniformados y de civil, ingreso y egreso de móviles sin identificar y hasta francotiradores. El supermercado Éxito de la localidad de Calipso (Cali) y el taller mecánico La Playa (periferia de Bogotá) son los dos casos denunciados. Sobre el Éxito se recuerda que el mismo almacén y las autoridades han negado estos hechos y calificados como noticias falsas.

Las diversas organizaciones sociales que la misión entrevistó, han denunciado la existencia de centenares de personas desaparecidas de las cuales aún se ignora el paradero.

La misión registró los siguientes delitos:

- Desaparición Forzada de Persona.

- Delitos contra la vida, (homicidios)

- Delitos contra la integridad física (lesiones oculares, lesiones varias)

- Delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)

- Delitos contra la libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura)

- Delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta

- Delitos contra la propiedad (daño)

El informe también incluyó cifras sobre las denuncias reportadas en cada región de protestas del país. En el Cauca, por ejemplo, se presentaron 146 heridos en el marco de la manifestación; 32 detenciones arbitrarias contra manifestantes, de los cuales cuatro son menores de edad; nueve desaparecidos: dos delitos sexuales (acoso sexual y tentativa de acceso carnal violento /acoso sexual y acto sexual abusivo contra una menor de edad y una joven).

En Bogotá, refiere a un modus operandi de las fuerzas que dejó: 97 heridos; 21 detenciones arbitrarias; cuatro desapariciones; cuatro delitos sexuales; dos casos de violencia política; nueve ataques a activistas de DD.HH.

La misión afirma, según lo que encontró, que “el Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo, representado por: jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad LGBTIQ, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil”.

Este es el informe preliminar que presentó la organización este 3 de junio:

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