Amnistía Internacional le pide a Iván Duque “poner fin inmediatamente a las violaciones de derechos humanos”

El organismo le pidió al Gobierno cumplir seis puntos clave, como adelantar investigaciones y dejar de estigmatizar la protesta social.

Women take part in a protest against sexual assault by the police and the excess of public force against peaceful protests, in Bogota, Colombia May 14, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES
Women take part in a protest against sexual assault by the police and the excess of public force against peaceful protests, in Bogota, Colombia May 14, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), el movimiento que indaga sobre los hechos de abuso en el mundo bajo el derecho internacional, le pidió en una carta al presidente Iván Duque que intervenga inmediatamente en “la grave crisis de Derechos Humanos que vive Colombia”. La organización expresó que ha venido documentando el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Insistió que dentro de las movilizaciones que iniciaron el pasado 28 de abril se han dado “múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la violencia sexual”. Por eso Amnistía Internacional le exige al Gobierno seis puntos:

El primero es poner fin “inmediatamente a las violaciones de derechos humanos y al uso excesivo de la fuerza por la policía contra personas que se manifiestan, así como garantizar los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica”; en segundo lugar le pide que condene dichas acciones violatorias de los DD.HH contra los manifestantes y dejar de estigmatizar la protesta social.

Como tercer punto insta al Gobierno a que realice “sin demora” investigaciones imparciales y creíbles sobre este tema y sobre crímenes de derecho internacional. Luego convoca a Duque a que se comprometa a permitir el acceso de mecanismos internacional y regionales de DD.HH y, finalmente, exige “cumplir la obligación de crear un entorno propicio en el que se respeten plenamente los derechos de las personas a la libertad de expresión y reunión pacífica”.

En un pronunciamiento pasado, AI expresó que “la desaparición forzada y la violencia sexual perpetrada por autoridades son crímenes de derecho internacional que cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir”.

Este viernes, las organizaciones Indepaz y Temblores ONG, quienes han venido haciendo seguimiento de lo sucedido en el país, enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que exponen hechos de violencia policial contrarios a la convención Americana de Derechos Humanos y se analizan las acciones y omisiones estatales que, en su conjunto y sistematicidad, generan un entorno propicio para la vulneración del derecho a la protesta.

“El 1 de mayo, el gobierno acudió a la figura de ‘asistencia militar’ para controlar centros urbanos. El 2 de mayo, el Presidente le solicitó al Congreso de la República retirar el proyecto de la Reforma Tributaria. Sin embargo, las manifestaciones han continuado, y se han sumado nuevos actores al paro, los transportadores que han protestado en varias vías del país, algunas principales”, se lee en el informe.

Desde el inicio del paro diversas organizaciones de la sociedad civil han registrado hechos de violencia policial en diferentes lugares del país. Estas han alertado del número de víctimas de homicidio, lesiones personales, agresiones sexuales y desaparición forzada, entre otros, cifras que crecen cada día. Hasta el 12 de mayo tenían estas cifras:

362 víctimas de violencia física

39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública

1055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes

442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas

30 víctimas de agresiones oculares

133 casos de disparos de arma de fuego

16 víctimas de violencia sexual

3 víctimas de violencia basada en género

Hace unos días también se conoció que Temblores ONG, junto al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, denunciaron al Gobierno ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas por los crímenes de lesa humanidad que se han presentado en el país desde el 28 de abril.

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