Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, le ‘habló duro’ a Gustavo Petro por insistir en que hubo fraude en segunda vuelta: “No puede decirlo”

Carlos Carrillo buscó desmarcarse de los señalamientos hechos por el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, acerca de un presunto fraude en la segunda vuelta presidencial, en la que ganó el abogado Abelardo de la Espriella, y cuestionó el alcance de estas denuncias y dejó en claro que él, como máxima autoridad del Estado, está llamado a defender la institucionalidad del sistema electoral colombiano.

En declaraciones para Desigual, Carrillo -que fungió como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)- sostuvo que el primer mandatario de los colombianos no puede denunciar irregularidades en las urnas porque llegó a la presidencia, justamente, con el mismo sistema de votación. Y también dijo que, en su criterio, hay dos personas que no pueden hacer esa afirmación: tanto él como mandatario y el registrador nacional.

“Petro puede decir lo que quiera, pero es un error muy grave, porque hay dos personas en Colombia, dos, solamente dos... Usted puede decir que hubo fraude, yo puedo decir que hubo fraude, aquí el compañero puede decir que hubo fraude. Hay dos personas en Colombia que no pueden decir que hubo fraude: el presidente y el registrador”, afirmó Carrillo, refiriéndose además al papel del titular del órgano electoral, Hernán Penagos Giraldo.

Luego explicó su argumento, con el que buscó enfatizar los motivos por los cuales Petro no estaría actuando conforme a su investidura. “El presidente no puede decir que hubo fraude porque es que el presidente se eligió con el mismo sistema. El presidente se eligió con Thomas Greg (operador logístico). El presidente se eligió con los mismos tarjetones, con lo mismo, exactamente lo mismo”, agregó el exfuncionario, al explicar su punto.

De hecho, hizo una comparación sobre la composición del tribunal que es el que avaló la legalidad de la elección: el Consejo Nacional Electoral (CNE), que está compuesto por nueve magistrados. “El CNE del 2026 tenía tres magistrados cercanos al Gobierno. El Consejo Nacional Electoral de 2022 tenía un magistrado cercano a Petro”, destacó el también exconcejal de Bogotá, que pese a su cercanía con el Ejecutivo elevó sus críticas.

Gustavo Petro ha insistido en sus denuncias de fraude electoral

En este asunto, el presidente expresó, en múltiples ocasiones, que los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 estarían viciados y, con ello, desconoció la victoria de Abelardo de la Espriella frente al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda. Incluso en sus discursos y en las redes sociales sostuvo que el “verdadero ganador del voto popular” fue Cepeda, pese a que el escrutinio reafirmó, en un 99,997% los resultados del preconteo.

En consecuencia, al verse perdedor con su candidato, Petro ha construido una narrativa de “fraude algorítmico y tecnológico” sobre el sistema informático de la Registraduría. No obstante, ese mismo material daría luces que no serían pruebas sólidas que le permitan sostener esas acusaciones, a lo que se sumarían informes de una unidad de inteligencia del Estado, que concluyó que no existirían pruebas de irregularidad en la jornada del 21 de junio.

Además, tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral y las misiones de observación internacional validaron la transparencia de los comicios. De esta forma, las declaraciones de Carrillo tienen peso político por su relación con Petro, del que ha sido un aliado político del presidente en su lucha por llevar a la izquierda al poder, pero de la misma forma representaría una de las voces de “fuego amigo” más directas al interior del progresismo.

Es válido recordar que la presencia del exfuncionario al frente de la Ungrd se dio en marzo de 2024, en medio del escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira. El excabildante distrital, que llegó en reemplazo de Olmedo López, ejerció el cargo hasta junio de 2026, cuando se aceptó su renuncia tras una suspensión administrativa emitida por la Procuraduría General de la Nación, por presunta participación en política.