El Servicio Público de Empleo alcanzó una cifra histórica: 4,27 millones de colocaciones laborales

La ampliación de la cobertura de los servicios de empleo y formación fue uno de los principales resultados que el Ministerio del Trabajo destacó durante la Rendición Pública de Cuentas del Gobierno. Según el balance presentado por la cartera y sus entidades adscritas, las acciones desarrolladas entre 2022 y 2026 permitieron fortalecer la atención a trabajadores, empleadores y poblaciones con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Uno de los indicadores más relevantes corresponde a la Unidad del Servicio Público de Empleo, que cerró el cuatrienio con 4,27 millones de colocaciones laborales, una cifra que superó la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo con el informe, este desempeño estuvo acompañado por la expansión de la red nacional de atención y por un mayor alcance de los servicios de intermediación en diferentes regiones del país.

El reporte sostiene que esos resultados reflejan una estrategia enfocada en fortalecer la formación para el trabajo, la protección social, el empleo y el subsidio familiar, con el propósito de ampliar las oportunidades para la ciudadanía y mejorar la capacidad institucional para responder a las necesidades de trabajadores y empresas.

Durante la presentación del balance, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que “este Gobierno entendió que invertir en las personas es la mejor manera de construir país. Cada recurso destinado al sector Trabajo se convirtió en oportunidades para estudiar, conseguir un empleo digno, emprender, acceder a una pensión o mejorar la calidad de vida de millones de familias colombianas. Ese es el legado que hoy entregamos al país”.

El informe también señala que los avances beneficiaron especialmente a sectores de la población que históricamente enfrentan mayores obstáculos para conseguir empleo. Entre ellos aparecen cerca de dos millones de mujeres vinculadas mediante los mecanismos de intermediación laboral, casi 600.000 víctimas del conflicto que lograron acceder a un trabajo y más de 19.000 personas con discapacidad que encontraron oportunidades laborales durante el periodo evaluado.

Como parte de esa estrategia, la red del Servicio Público de Empleo amplió su capacidad operativa. Al cierre del cuatrienio contaba con 211 prestadores, 735 puntos de atención y presencia en 204 municipios, infraestructura que permitió acercar la oferta institucional a un mayor número de ciudadanos. El balance también destacó el papel del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Según la cartera, la entidad incrementó su presupuesto en 110%, obtuvo $4,7 billones adicionales para infraestructura mediante el reconocimiento de la deuda histórica e invirtió $941.000 millones en la modernización de sus ambientes de formación.

De acuerdo con las cifras oficiales, esos recursos beneficiaron a 812.000 aprendices por medio del Contrato Laboral de Aprendizaje. Además, 1,4 millones de campesinas y campesinos recibieron formación a través de CampeSENA y 2,2 millones de personas lograron vincularse laboralmente mediante la Agencia Pública de Empleo. A esto se suman más de $730.000 millones destinados al Fondo Emprender para respaldar iniciativas productivas en distintas regiones.

La Rendición Pública de Cuentas también incluyó los resultados de Colpensiones. El informe indica que la entidad incorporó un millón de nuevos afiliados durante el cuatrienio, recibió 592.000 traslados provenientes de fondos privados y fortaleció el régimen con más de $59 billones en ingresos. Actualmente atiende cerca de 1,9 millones de pensionados, realiza pagos mensuales superiores a $5,7 billones y avanzó en la modernización de procesos, la reducción de los tiempos para reconocer prestaciones y la ampliación de sus servicios digitales.

Por su parte, la Superintendencia del Subsidio Familiar reportó la destinación de $65.980 millones para fortalecer subsidios de vivienda dirigidos a mujeres rurales, la asignación de 1.413 subsidios habitacionales en 238 municipios, la recuperación y redistribución de más de $50.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) y 165.522 atenciones ciudadanas, acompañadas por procesos de capacitación para más de 35.000 trabajadores.