JEP ordena al Estado proteger a comunidad indígena de Putumayo

La población estaría en riesgo de que sus derechos sean violentados por actores armados ilegales.

Los indígenas del amazonas de Colombia están preocupados por "la variante de la pandemia" y lo expuestas que están las comunidades que viven en la periferia de Leticia, la capital del departamento colombiano del Amazonas. 
EFE/Carlos Ortega/Archivo
Los indígenas del amazonas de Colombia están preocupados por "la variante de la pandemia" y lo expuestas que están las comunidades que viven en la periferia de Leticia, la capital del departamento colombiano del Amazonas. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Este 12 de mayo la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Ministerio del Interior (MinInterior) y la Defensoría del Pueblo proteger a los indígenas Muina Murui, comunidad de Guaquirá, que habitan en Puerto Leguízamo (Putumayo). Según el mecanismo de justicia la mencionada población, principalmente quienes hacen parte de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), están en riesgo por cuenta de los grupos armados ilegales que operan en este territorio.

“La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó adoptar medidas urgentes de prevención y protección en favor del pueblo indígena Muina Murui, comunidad de Guaquirá, de Puerto Leguízamo, Putumayo, para evitar y prevenir violaciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, se lee en un comunicado emitido por la JEP.

El mecanismo de justicia detalló que la situación de los indígenas de esta zona del país es crítica porque están incomunicados. El territorio habitado por la comunidad Guaquirá ha sido minado y la señal de internet y telefonía están afectadas.

Entre las primeras acciones que se deben ejecutar, por orden del mecanismo de justicia, está que la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos y su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) emita una alerta temprana para advertir acerca de la situación. Esto, por supuesto, después de haber evaluado los riesgos específicos a los que se expone la comunidad para así poder actuar y proteger a los miembros de la ACILAPP.

Enlazada a esa alerta, el defensor del Pueblo Regional del Putumayo tendrá que coordinar acciones con las autoridades civiles y militares del departamento para crear estrategias de protección y prevención de la población indígena. Además, el funcionario tendrá que emitir reportes periódicos en los que detalle el estado de los planes y acciones ejecutadas relacionadas a la situación de riesgo expuesta.

“Tanto el SAT como la oficina regional de la Defensoría del Pueblo deberán informar de manera periódica sobre sus avances, así como de los eventuales documentos de advertencia que se emitan y las demás actuaciones orientadas a conjurar la situación de riesgo sobre la que alertó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP cuando informó a la Sala de Amnistía o Indulto sobre la presencia de grupos armados ilegales en este territorio”, ordena el mecanismo de justicia.

Por otra parte, la labor de MinInterior para proteger a los indígenas muina murui de Guaquirá será que la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), adscrita a la cartera, adopte las acciones pertinentes para este tipo de situaciones. Además, la JEP solicitó remitir la decisión a la Dirección de Fiscalías del Putumayo, para que conforme a sus competencias asuma la investigación penal correspondiente.

Es importante mencionar que la JEP hizo un énfasis especial al decir que todos los planes de protección a los indígenas deben basarse en la cultura de la comunidad involucrada. Además, se deberán consultar las acciones con los líderes de la misma.

“En sus actuaciones deberán tener presente la pertinencia étnica, por lo que deberán coordinar y concertar con las autoridades de los Pueblos Indígenas que habitan el territorio en el marco de un relacionamiento horizontal e igualitario entre autoridades. En el mismo sentido deberán actuar las autoridades civiles y militares comprometidas y convocadas por el Defensor del Pueblo y por el CIPRATT”, le indicó la JEP a MinInterior y la Defensoría.

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