A pesar de las criticas, Gobierno afirma que continuará con la construcción de una nueva cárcel en el Atlántico

El centro reclusorio estaría ubicado en Candelaria, pero la comunidad lo ha rechazado en múltiples oportunidades porque aseguran que, generará problemas de inseguridad.

Desde hace varios años, el Gobierno anunció que construiría un nuevo centro carcelario en Candelaria (Atlántico), y desde ese entonces, alrededor del proyecto solo han existido críticas y polémicas. A pesar de lo anterior, este 15 de abril, las autoridades locales y nacionales aseguraron que retomarán la iniciativa para así disminuir el hacinamiento carcelario que tiene el país.

“Muy contento porque lo de la cárcel La Candelaria va a ser una realidad, ya estamos reactivándolo. Hay un convenio marco y dos convenios adicionales y son un arranque para que más adelante este sea un centro de reclusión de nivel nacional que pueda albergar cinco mil internos, arrancando con unos dos mil internos”, informó Wilson Ruiz, ministro de Justicia, al terminar una reunión con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Mariano Botero; y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz.

Según la última información conocida, la construcción de la cárcel La Candelaria tiene una inversión global que supera los 400.000 millones de pesos. Las autoridades aseguran que, este proyecto será “un centro de producción e ingresos para el municipio”, pero la comunidad no cree en esta afirmación. De hecho, en el último año, en medio de la pandemia del covid-19, se han realizado más de tres protestas para rechazar que se avance en la obra.

Los habitantes de Candelaria aseguran que, una cárcel en su municipio les generará problemas de inseguridad, sobre todo relacionados al microtráfico, extorsión y drogadicción. Además, denuncian que no se ha socializado profundamente el proyecto.

“Esto lo han hecho a espaldas de la comunidad y del Concejo de Candelaria. Citaron un encuentro hace unos meses en un hotel de Barranquilla, pero esto se tiene que dialogar con la gente en su territorio. Esa zona es inundable, y hay serias dudas sobre el valor que pagó el departamento por esos terrenos”, aseguró Nelson Bolaños, concejal del municipio, a El Tiempo a finales de 2020.

Al parecer, el lote donde se construirá la cárcel ya fue comprado por el departamento, pero no se tiene mucha información al respecto, salvo que hay irregularidades con el proceso. Todas estas objeciones han llevado a que juzgados emitan fallos para frenar la iniciativa, sin embargo, estos son tumbados y por eso hoy se habla de reactivar el proyecto.

Ante este panorama, la gobernadora atlanticense no se ha referido públicamente a las declaraciones del ministro Ruiz, pero se sabe que apoya el proyecto. A lo que sí se refirió Noguera es a que, a finales de este año se espera que en el departamento se liberen 510 cupos carcelarios “para acabar con el hacinamiento que hay en estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI)”.

“En reunión con el ministro de justicia, Wilson Ruíz, y el director del INPEC, general. Mariano Botero, nos ratificaron su compromiso y trabajo en equipo para poder seguir fortaleciendo el cupo carcelario y reducir el hacinamiento en nuestras cárceles, porque es muy importante que sepan los delincuentes que el que la hace la paga, pero para ello, necesitamos tener estos cupos disponibles”, dijo Noguera.

Los cupos que se liberarán están en la Penitenciaría El Bosque, donde se están construyendo módulos para más reclusos. Además, la Gobernación del Atlántico está apoyando la compra de dos buses, un vehículo tipo camioneta y cuatro motocicletas con el fin de “poder cubrir las necesidades al recibir a estas personas privadas de la libertad”.

Este hecho fue apoyado por el director de la Uspec, quien dijo que los cupos ayudarán a disminuir el hacinamiento carcelario y le permitirá a las autoridades avanzar con su política de seguridad.

“Esto permitirá que las personas que están delinquiendo en las calles tengan un sitio donde puedan cumplir sus penas o llevar sus procesos sindicados por las faltas que cometen. Este gran esfuerzo se hace para poder ayudar a la región a mejorar sus condiciones de seguridad. Hoy llevamos un porcentaje de ejecución del 23 por ciento y una inversión por parte del Gobierno nacional de 24.000 millones de pesos”, detalló Díaz.

Cabe mencionar que en materia de justicia, también se reiteró que en el Atlántico se desarrollarán los primeros avances para implementar un sistema digital que agilice los procesos de este sector. Esta información ya había sido revelada durante la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realizó en Barranquilla, la capital atlanticense, el mes pasado.

SEGUIR LEYENDO: