Emilio Tapia se defendió tras polémica por aparición en fiesta en Valledupar: “No me he robado nada”

El excontratista Emilio Tapia volvió al centro del debate público tras su aparición el pasado 2 de mayo de 2026 en una exclusiva fiesta del Festival Vallenato, en Valledupar.

Su presencia en el evento, acompañado de figuras políticas y empresarios, generó una oleada de críticas y reavivó la discusión sobre los límites de la resocialización de personas condenadas por delitos contra la administración pública.

Las imágenes difundidas por medios y redes sociales provocaron reacciones encontradas. Mientras algunos sectores consideraron su asistencia como una provocación frente a la opinión pública, otros defendieron su derecho a retomar una vida social tras haber cumplido parte de sus condenas.

La controversia creció aún más por el contexto: Tapia ha sido uno de los nombres más representativos de los mayores escándalos de corrupción en el país, como el carrusel de la contratación en Bogotá y el caso Centros Poblados.

En respuesta a la polémica, Tapia concedió una entrevista a Blu Radio, donde defendió su derecho a la vida privada y a reconstruir su proyecto personal.

“Yo tengo una vida tranquila, gracias a Dios, y tengo que seguir trabajando, y lo hago desde el sector privado”, afirmó el empresario, insistiendo en que sus ingresos actuales provienen exclusivamente de actividades inmobiliarias y urbanísticas que asegura desarrollar desde hace más de dos décadas.

La asistencia a la fiesta, explicó, se dio por invitación de su esposa, la congresista Saray Robayo. Frente a las críticas, Tapia fue enfático en negar cualquier intención de desafiar a la sociedad.

“Jamás voy a retar a nadie, jamás voy a retar a la sociedad”, sostuvo durante la conversación radial, en la que se discutió si una persona con antecedentes por corrupción puede ejercer plenamente su vida social una vez ha cumplido las sanciones judiciales.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando el periodista Ricardo Ospina le recordó las condenas en su contra por delitos como peculado y corrupción.

Tapia rechazó las acusaciones de apropiación indebida de recursos públicos y respondió con contundencia: “No sea mentiroso, yo no me he robado nada. Yo no me he cogido un peso que no me pertenece”.

En ese contexto, el empresario buscó matizar su responsabilidad en los casos judiciales, diferenciando entre delitos “por acción” y “por omisión”.

En particular, se refirió al escándalo de Centros Poblados, relacionado con un contrato para llevar conectividad a zonas rurales, y aseguró que la Contraloría General de la República lo exoneró de responsabilidad fiscal tras un proceso técnico que se extendió por más de un año. “Yo no me robé 70 mil millones de pesos”, enfatizó.

Asimismo, Tapia afirmó haber cumplido con las obligaciones económicas derivadas de los procesos judiciales y sostuvo que su actividad en el sector público le generó pérdidas, no beneficios.

“Todos estos procesos judiciales con respecto a mi actividad en el sector público lo que me han generado es pérdidas. Afortunadamente, yo desarrollo los temas en el sector privado”, explicó.

En cuanto a su futuro, el excontratista aseguró haber tomado la decisión de apartarse definitivamente de cualquier relación contractual con el Estado. “Tomé la decisión de vida de no tener un solo negocio público con el Estado”, señaló.

Esta afirmación surge en medio de cuestionamientos recientes por parte de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien denunció supuestos intentos de empresas vinculadas a Tapia de participar en nuevos procesos contractuales.

Frente a estas acusaciones, Tapia sostuvo que, por el contrario, ha sido víctima del uso fraudulento de la experiencia de sus antiguas empresas por parte de terceros.

Según su versión, personas ajenas habrían incluido indebidamente el nombre y trayectoria de sus compañías en consorcios interesados en licitaciones públicas. Indicó además que ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación desde hace más de tres años para esclarecer estos hechos.

En el plano judicial, Tapia recuperó su libertad condicional el 12 de diciembre de 2025, tras cumplir 88 meses de prisión de un total de 145 meses impuestos en tres fallos acumulados. “He cumplido con las obligaciones que me ha exigido la administración de justicia y continuaré colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos”, afirmó.

Más allá de su caso particular, la polémica ha reactivado un debate de fondo en Colombia: el alcance de la sanción social frente a personas condenadas por corrupción.

Tapia sostiene que el sistema judicial debe enfocarse en la resocialización y no en la estigmatización permanente. “La resocialización es constitucionalmente protegida y eso es lo que tiene que hacer una persona que pasa por todas estas circunstancias”, argumentó.