General Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía, sería nombrado embajador en Australia

El posible nombramiento se conoce a pesar de que el exuniformado tiene abierto, en estos momentos, un proceso disciplinario por corrupción ante la Procuraduría General de la Nación.

Óscar Atehortúa, aspirante a embajador de Colombia ante el gobierno de la Mancomunidad de Australia. / Colprensa
Óscar Atehortúa, aspirante a embajador de Colombia ante el gobierno de la Mancomunidad de Australia. / Colprensa

Varios medios colombianos confirmaron esta tarde que el general Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía Nacional, está aspirando al cargo de embajador de Colombia en Australia. Eso, luego de que se confirmara que la hoja de vida del uniformado se encuentra publicada en la página que la Presidencia de la República dedica en su sitio web a los currículos de aspirantes a altos puestos del Gobierno.

La hoja de vida, que está cargada en el sitio desde el pasado 9 de abril, llega tres semanas después de que se supiera que la Procuraduría General de la Nación reanudó el proceso disciplinario en su contra por presuntos actos de corrupción cometidos mientras estuvo al frente de la Policía colombiana. El caso en concreto hace referencia a presuntas irregularidades en un contrato de casas fiscales en el municipio de San Luis, en el departamento del Tolima.

De acuerdo con el Ministerio Público, existen evidencias en el historial investigativo de la culpabilidad de Atehortúa en la firma de los contratos ilícitos para la construcción de las 60 casas comisionadas en 2011, pues al parecer, el uniformado ya sabía que lo que se estaba firmando era imposible de realizar en el tiempo que se estaba pactando: la idea era conseguir, en apenas cuatro meses, lo que usualmente tiende a tomar un año de trabajo, incluyendo licencias, permisos y estudios.

Los trabajos se extendieron hasta 2012, cuando Atehortúa tuvo que empezar a firmar prorrogas al plazo de entrega de las casas, cuestión que se mantuvo hasta 2014, año en el que la Policía y la contratista del proyecto, Inversora Manare, comenzaron a cruzar reclamos por incumplimiento en la construcción por un lado y en los pagos para desarrollarla por el otro.

Así, y aunque el contrato finalmente se venció en abril de 2014, Atehortúa y su abogado, Andrés O’meara emitieron en diciembre de ese mismo año una nueva acta de acuerdo para conciliar con los contratistas, lo que evitó un pleito millonario que podría surgir de eventuales denuncias sobre la construcción de las casas fiscales. La misma fungiría como una especie de reinicio del acuerdo pactado entre la fuerza pública y la empresa privada, acto que no es permitido por la ley colombiana.

Las casas fueron entregadas, finalmente, el 29 de julio de 2015, llenas de irregularidades denunciadas entre otros por el inspector de la Policía, William Salamanca. De acuerdo con lo dicho por este durante el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría, las viviendas tenían “problemas de acceso, manifestaban problemas con las plantas de tratamiento de aguas residuales, problemas de mantenimiento, la piscina del comandante no funcionaba”.

Como agravante, la Contraloría General de la Nación determinó que el proyecto de vivienda se abandonó hace cuatro años, con lo que se habría incurrido en un daño fiscal por $5.364 millones por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional a través del Fondo Rotatorio.

Salamanca terminó denunciando a Atehortúa ante la Procuraduría y la Fiscalía, aunque esta última archivó el caso a finales del año pasado por falta de pruebas. Tras ventilar el problema, el inspector terminó recibiendo amenazas en contra de su vida y la de su familia, así como presuntas persecuciones y movimientos extraños afuera de su apartamento.

El funcionario, sin embargo, no se salva. Un testimonio ofrecido por el coronel Albeiro Ruiz señala que Salamanca amenaó a Atehortúa diciéndole que “yo a usted jamás le voy a perdonar que haya acabado con mi excelente carrera institucional y, palabras textuales: yo a usted me lo voy a tirar y no descansaré hasta sacarlo por la puerta de atrás de la institución, y voy a acudir a la cercanía que tengo con el sector político y medios de comunicación”. Con esto, se le dio fuerza a los argumentos del director de la institución, quien asegura que todo el proceso es un complot en su contra.

Otros hechos sospechosos incluyen la decisión del hoy aspirante a embajador de enviar al inspector a un periodo de vacaciones de 400 días, aparentemente para interferir en la investigación, las constantes dilataciones por parte del primero, quien en varias ocasiones se negó a presentarse a las audiencias de la Procuraduría alegando compromisos institucionales; y, finalmente, su renuncia como director de la institución a finales de 2020.

En pleno proceso, Atehortúa se presenta para un cargo de embajador que por razones obvias lo obliga a salir del país. No sobra mencionar que la página del Gobierno nacional no presenta otros aspirantes para el cargo, que en estos momentos está en manos del general Alberto José Mejía, excomandante general de las Fuerzas Militares

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