Santa Marta enfrenta riesgo sanitario y ambiental por permanencia de isla de basura en el río Gaira

Una isla de basura de grandes proporciones amenaza con llegar a la desembocadura del río Gaira en Santa Marta, mientras, según la comunidad, las autoridades no han dado una respuesta frente a un riesgo ambiental y sanitario inmediato.

La Fundación Río Gaira, que representa a algunos de los habitantes de la zona, presentó el 6 de mayo de 2026 un derecho de petición dirigido a las entidades responsables, exigiendo una intervención urgente antes del inicio de la temporada de lluvias.

La Fundación denuncia una acumulación masiva de residuos —conocida localmente como “isla de basura”— en el cauce del río Gaira, a las puertas de Playa Salguero. Consideran los vecinos que la falta de acción oficial agrava el peligro para el ecosistema, la salud pública y las comunidades ribereñas, por lo que solicitan que las autoridades actúen de manera coordinada retirando los desechos antes de que sean arrastrados al mar por el aumento del caudal.

La Fundación Río Gaira ha documentado la persistencia de residuos sólidos flotantes en el cauce, cuya composición incluye plásticos, restos orgánicos, troncos y otros materiales arrastrados río abajo. Un árbol caído funciona como una barrera natural que retiene la basura y obstruye el flujo. La red atrapabasuras, instalada por la comunidad, podría ceder ante el incremento del caudal por las lluvias, lo que implicaría el vertimiento de los residuos en Playa Salguero, el manglar y el mar Caribe.

La organización ha desarrollado acciones preventivas y jornadas de limpieza, logrando instalar barreras y establecer contacto con autoridades ambientales y de gestión del riesgo. No obstante, ninguna entidad ha atendido aún la solicitud de remoción de los desechos ni la extracción del árbol que favorece el represamiento. Las respuestas han evidenciado un continuo cruce de competencias y remisión de responsabilidades, lo que, según la Fundación, ha dejado la situación en un vacío institucional.

Reacciones y gestiones previas de la Fundación Río Gaira

La Fundación Río Gaira ha insistido en la necesidad de una intervención técnica, advirtiendo que la remoción manual implica riesgos biológicos y físicos para los voluntarios o el personal de la comunidad. Solicita la asociación que el retiro se realice con maquinaria especializada y cuadrillas equipadas, y que se defina un protocolo para prevenir acumulaciones masivas de residuos en futuros eventos.

La comunidad ha reportado acercamientos con diferentes organismos, pero las respuestas oficiales se han limitado a señalar la responsabilidad de otra entidad, o a argumentar la falta de contratos y maquinaria suficiente. Así, ninguna autoridad ha asumido de manera concreta el liderazgo de la intervención ni la asignación de recursos, mientras el riesgo aumenta ante la inminente llegada de lluvias.

Solicitudes y exigencias del derecho de petición comunitario

El derecho de petición presentado por la Fundación exige claridad respecto a cuál autoridad debe encabezar y coordinar la intervención urgente en el río Gaira. Pide que se indique qué entidad debe encargarse materialmente de la limpieza, retirada del árbol caído y disposición final de los residuos, así como la adopción inmediata de medidas preventivas para proteger a los pescadores, las comunidades ribereñas, Playa Salguero, el manglar y la zona marina.

Solicita también la realización de una visita técnica con acta de verificación, un registro fotográfico del punto crítico y una evaluación de riesgo, previa a la intervención. La Fundación plantea convocar una “mesa técnica-operativa” con representantes de las principales entidades gubernamentales y la sociedad civil, y demanda un cronograma de trabajo, identificación de responsables y desarrollo de un protocolo para eventos futuros similares.

Entre los pedidos dirigidos a las entidades, se solicita información concreta sobre la disponibilidad de retroexcavadoras, volquetas, personal y equipos de protección, y detalles sobre los contratos y competencias de los operadores de servicios públicos para participar en las labores de limpieza. Solicita, además, que los organismos competentes informen si el problema ha sido incluido en los planes de prevención ante la temporada de lluvias.

Papel de las entidades públicas convocadas y respuesta institucional

El derecho de petición resalta las obligaciones jurídicas de la Alcaldía de Santa Marta, la Secretaría de Gobierno y la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo en la protección ambiental y la atención de emergencias. Enumera la responsabilidad de CORPAMAG, autoridad ambiental regional, en la protección de fuentes hídricas y control del impacto sobre manglares y fauna. Así mismo, solicita a ESSMAR y ATESSA —operadores de servicios públicos y de aseo— que informen sobre sus capacidades para apoyar la limpieza y disposición de residuos. Cuando el riesgo sobrepasa la capacidad local, la UNGRD podría articular la respuesta.

La Fundación advierte que la fragmentación de competencias y la sucesión de remisiones institucionales impide una solución efectiva. Destaca que ninguna entidad puede eludir su compromiso bajo el principio de subsidiariedad y concurrencia, y reclama que se concrete una actuación coordinada, ya que la inacción institucional agrava el peligro para todo el litoral costero.

La permanencia de la “isla de basura” en el río Gaira evidencia que la dispersión de competencias entre entidades ha impedido una actuación conjunta frente a un problema ambiental que se incrementa con cada temporada de lluvias. Para la comunidad, esta crisis revela la urgencia de superar el bloqueo institucional y pasar a la acción concreta, en defensa tanto del ecosistema como de la salud pública de la región.