Comunidad del corregimiento de Boquerón, Cesar, ya no será reasentada por la contaminación ambiental

El Ministerio de Ambiente había ordenado en 2010 y en un plazo de uno a dos años a las empresas mineras Drummond, Colombian Natural Resourses y Prodeco reasentar a los pobladores de esta región por los impactos de la salud producidos por la minería.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) determinó que los habitantes del corregimiento de Boquerón, en el departamento del Cesar, ya no serán reasentados como había establecido en 2010 el Ministerio de Ambiente ante la alta contaminación producida por la minería.

Esta población que lleva más de una década esperando el reasentamiento por parte de Drummond, Colombian Natural Resourses y Prodeco evidencia como la ANLA únicamente les impuso a estas compañías mineras la obligación de formular e implementar un Plan de Manejo Socioeconómico (PMS).

Este plan, que deberá plantearse a la par de la implementación de las medidas sociales que se encuentran en los Planes de Manejo Ambiental, deberá presentarse ante la ANLA para su evaluación y aprobación antes de tres meses.

Asimismo, para las etapas de este plan las compañías mineras deberán idear una metodología con fundamentos conceptuales que den claridad a todos los actores los objetivos, métodos y premisas de la estrategia de manejo socioeconómico.

“Deberán presentar un diagnóstico de la comunidad del centro poblado de Boquerón, para lo cual podrán utilizar la información obtenida con la comunidad en el marco de la formulación del Plan de Acción de Reasentamiento – PAR, contemplando en el mismo, como mínimo, variables como dinámica poblacional, vulnerabilidad, caracterización de servicios públicos, inventario de inmuebles y equipamientos, economía, cultura, entre otras”, indicó la ANLA.

En este proceso se deben generar espacios de participación para la comunidad con relación a la identificación de los impactos por no llevar a cabo el reasentamiento de este corregimiento, que pertenece al municipio de La Jagua del Ibirico.

Los programas y acciones adelantadas dentro de esta estrategia serán evaluadas a partir de unas metas que permitirán medir la efectividad de la implementación, que se articularán con las autoridades locales y nacionales y que deben estar correlacionados con los planes de desarrollo del país y la región.

“Esta decisión es un avance muy importante para la comunidad del centro poblado de Boquerón, y nosotros como autoridad responsable de hacer el control y seguimiento a las obligaciones de las sociedades mineras con el territorio y sus pobladores. Estaremos vigilantes a que los acuerdos logrados en el marco de la implementación del Plan de Manejo Socioeconómico, se cumplen a cabalidad”, señaló el director general de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño.

Tras evaluar su situación de negocio, la multinacional concluyó que no le es rentable volver a retomar las operaciones mineras de explotación de carbón que realiza en Calenturitas y La Jagua, en el departamento de Cesar (norte). EFE/MAURICIO DUENAS CASTAÑEDA/Archivo
Tras evaluar su situación de negocio, la multinacional concluyó que no le es rentable volver a retomar las operaciones mineras de explotación de carbón que realiza en Calenturitas y La Jagua, en el departamento de Cesar (norte). EFE/MAURICIO DUENAS CASTAÑEDA/Archivo

Comunidades afectadas por la minería transnacional de Carbón en Cesar exigen al gobierno respetar sus derechos

Varias comunidades del departamento del Cesar manifestaron, el pasado 22 de diciembre, a través de un comunicado, que se están viendo afectadas por la minería de carbón en la zona y aseguraron que el Gobierno tiene completamente abandonados los procesos de la zona mientras las empresas explotadoras están dañando todo el ecosistema y afectando la vida de los habitantes.

“Las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto rechazamos y denunciamos la crisis humanitaria que sufre la vereda de El Hatillo y demás comunidades afectadas por la minería de carbón en el departamento del Cesar, Colombia. La situación de la población es grave, pues las empresas mineras transnacionales hoy incumplen sus compromisos y obligaciones ante un Estado que se ha mostrado ineficaz para garantizar los derechos fundamentales de estos ciudadanos colombianos”, aseguraron a través del comunicado.

El Hatillo es una comunidad rural ubicada en el corregimiento La Loma del municipio del Paso, en el centro del departamento del Cesar, y está rodeada por cinco minas a cielo abierto (El Hatillo, Calenturitas, La Francia, El Descanso y Pribbenow-La Loma) y una planta extractora de aceite de Palma.

SEGUIR LEYENDO