
Este sábado se reportó la captura de Jordán Orlando Pusey Jones e Iván Darío Pineda Royo, señalados de extorsionar a pobladores, comerciantes y lancheros del archipiélago de San Andrés y Providencia. Los dos hombres fueron atrapados el pasado viernes 2 de abril.
La aprehensión estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que logró recopilar evidencia técnica y otros elementos de prueba con los que pudieron demostrar que Pusey y Pineda llamaban a lancheros y comerciantes de ambas islas, para amenazarlos y posteriormente hacer exigencias económicas de hasta $50′000.000, a cambio de permitirles trabajar y ejercer sus actividades con normalidad.
“En las comunicaciones telefónicas obtenidas se constató el nivel de intimidación. Al parecer, las advertencias iban desde la destrucción de embarcaciones, automotores y viviendas hasta ataques contra las víctimas y sus familiares”, reportó el ente investigador por medio de un boletín oficial.
Dichas extorsiones, agregó se presentaron entre enero y febrero de este año, provocando denuncias anónimas por parte de las víctimas. En las mismas, se reportó que si los empresarios objeto de amenazas no estaban presentes o disponibles para el contacto telefónico, los sindicados procedían a dejar en sus negocios o residencias una serie de notas con la expresión ‘Mano de Dios’ y un número celular al que debían comunicarse.
Adicionalmente, se lee en el boletín, “la labor investigativa de la Fiscalía y el grupo Gaula de la Policía Nacional permitió conocer que los hoy procesados, supuestamente, instrumentalizaban a menores de edad para sus propósitos ilegales. En uno de los casos documentados se estableció que habrían disparado en varias oportunidades contra la casa de un comerciante que se negó a entregarles dinero”.
Por esos hechos, fueron presentados ante un juez de control de garantías de San Andrés Islas, donde un fiscal de la Seccional de dicho departamento les imputó los delitos de extorsión agravada, por el que se dan entre 16 y 24 años de cárcel; uso de menores para la comisión de delitos, que implica una pena de entre 10 y 20 años de confinamiento; y concierto para delinquir agravado, por el que se castiga con privación de la libertad entre 4 y 9 años.
Ninguno de los sindicados aceptó los cargos. Sin embargo el juez determinó que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Se trata de un alivio para los empresarios isleños, que continúan recuperándose tras el paso del huracán Iota y que en la actualidad se encuentran atravesando un periodo de actividad mermada tras la decisión de las autoridades locales de instalar toque de queda para Semana Santa desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, al igual que el cierre de las playas del lugar a partir de las 5:00 de la tarde.
Si bien algunos hoteles de la zona reportaron un pico de ocupación del 92 por ciento, según informó Juan Carlos Osorio Aguilar, presidente del gremio de turismo de la isla, una encuesta revelada por Fenalco, más del 73 por ciento de los colombianos decidió quedarse en casa durante la temporada de Semana Santa, principalmente por la crisis financiera que están viviendo algunos hogares, por lo que es de esperar que haya una reducción en los ingresos de las islas.
Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes del archipiélago para que, si bien, disfruten de todos los espacios del lugar y puedan aprovechar las islas de San Andrés, hagan caso de todas las medidas de prevención que se han dispuesto y mantengan el uso del tapabocas en todos los lugares, junto con el distanciamiento social y el lavado constante de manos.
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