Hijo de Roy Barreras habría cometido irregularidades en el uso de suelos de un terreno en Cali

El director de Planeación de la capital del Valle del Cauca, Roy Alejandro Barreras, habría aprobado la construcción de un proyecto de vivienda en un terreno considerado como corredor ambiental, en el norte de la ciudad.

/ Twitter de Roy Alejandro Barreras
/ Twitter de Roy Alejandro Barreras

El visto bueno a la construcción de 395 apartamentos en una zona prohibida, cercana a la ribera del río Cali, tiene en problemas en este momento al director del Departamento Administrativo de Planeación de dicha ciudad, Roy Alejandro Barreras, quien además es hijo del senador Roy Barreras.

El funcionario habría cambiado el uso del suelo de dicho sector, ubicado en el norte de la capital vallecaucana, de un terreno catalogado como corredor ambiental de propiedad de la ciudad, y por ende protegido, a uno de uso mixto, permitiendo la construcción de la urbanización Tarragona, que constaría de viviendas de 60 metros cuadrados, distribuidas en torres de 14 pisos, de acuerdo con un reporte de Semana.

Lo anterior, a través de una circular emitida en octubre de 2020, con la que Planeación se habría saltado el debido proceso para efectuar un cambio de suelo, que es el Concejo de Cali. Dicha corporación tuvo que reunirse, este jueves 18 de marzo, para discutir la afectación que la decisión tuvo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y la Unidad de Planeación Urbana de la ciudad.

No obstante, el tema adquiere temas de complejidad cuando que se tiene en cuenta que, de acuerdo con la revista colombiana, la constructora detrás del proyecto, Cosenza, asegura que dicho predio le pertenece desde 1978, a pesar de que nunca haya decidido levantar estructura alguna dentro del mismo, cuestión que cambió el 25 septiembre, cuando se anunció el proyecto de viviendas de interés social Tarragona, antes de que saliera, incluso, la aprobación del Departamento de Planeación caleño.

A pesar de toda la evidencia, Roy Alejandro Barreras dijo a Caracol Radio que “en el POT del año 2014 omite asignarse a ese predio área de actividad y es competencia nuestra llenar. No era que había una norma que decía que era zona verde, porque no estaba en el POT”, por lo que no habría incurrido en ninguna irregularidad al asignar un nuevo uso a la tierra.

Por su parte, citó Semana, el concejal Juan Martín Bravo Castaño contestó al hijo del senador que “El único competente para desafectar ese bien que hoy reclamamos es el Concejo; por consiguiente, seguimos hablando de una zona verde”.

A causa de ese desencuentro, Barreras se vio en la necesidad de presentar una acción popular que busca ratificar al predio donde se construiría el proyecto como uno de uso público, lo que cierra la puerta a la urbanización y mantiene la protección al corredor verde al solicitar que la titularidad del terreno quede a nombre de la alcaldía.

“Este predio de 18.900 metros cuadrados, ubicado en la avenida 2 Norte con calle 34, fue una cesión de espacio público adelantada en 1965 y que desde el Acuerdo 50 de 1978 pasó a manos de diversos particulares, pero ese proceso no se adelantó con todos los requisitos legales de entonces, dado que debía pasar por el Concejo, la Personería y la Gobernación, según la Ley 4 de 1913″, señaló el director de Planeación.

Como era de esperar ante ello, la constructora presentó un comunicado en el que señala que “El proyecto de urbanización seguirá su trámite normal y solamente será un juez, quien a través de su fallo, determine la finalización, indicando lo contrario. Para ello, el proyecto cuenta con todas las garantías jurídicas para los compradores, ya que fue estructurado bajo un esquema fiduciario, lo cual indica que los dineros pagados por los compradores están bajo la administración de la fiduciaria y el constructor no hace uso de ellos”.

El último en pronunciarse fue el alcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina Gómez, quien aseguró a través de Twitter que, no permitirá que avance la construcción de las unidades residenciales. “Preferible parecer contradictorio, pero ante la evidencia robusta presentada por concejales y con documentos técnicos tan precisos presentados por el Dagma es un imposible ambiental, técnico y legal permitir Tarragona”.

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