Defensoría del Pueblo alerta sobre violaciones a los derechos humanos en Caloto, Cauca

Alrededor de 8.707 personas de áreas rurales están siendo atacadas por disidencias de las Farc.

Fotografía fechada el 11 de junio de 2020 que muestra a Luceyda Julicué, coordinadora de la guardia indígena en Caloto, amenazada por grupos de narcotraficantes, mientras participa en una entrevista con EFE, en Caloto (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
Fotografía fechada el 11 de junio de 2020 que muestra a Luceyda Julicué, coordinadora de la guardia indígena en Caloto, amenazada por grupos de narcotraficantes, mientras participa en una entrevista con EFE, en Caloto (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

La Defensoría del Pueblo se volvió a pronunciar acerca del recrudecimiento de la violencia en Colombia. Este jueves 18 de marzo, la entidad emitió una alerta temprana en la que revela que al menos 8.707 habitantes de la zona rural del municipio de Caloto, ubicado al norte del departamento del Cauca, están siendo violentados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Me permito remitir la Alerta Temprana debido a la inminente situación de riesgo de vulneración a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en la que se encuentran aproximadamente 8,707 personas. Estas corresponden a habitantes de la zona rural del municipio de Caloto, específicamente a campesinos de los sectores de El Palo, El Vergel, El Pedregal, La Cuchilla, El Placer, Venadillo y a las comunidades indígenas Nasa de los Resguardos de Huellas, López Adentro y Toez”, se lee en el documento firmado por el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

El organismo detalló que, en el municipio caucano hacen presencia dos facciones de las disidencias de las Farc: la ‘Columna Móvil Dagoberto Ramos’ y ‘Segunda Marquetalia’. La entidad asegura que ha estado monitoreando a los grupos armados y encontró que estos, además de militar en la zona rural, también están haciendo presencia en el centro poblado de Caloto.

Los subversivos están enfrentándose con el Batallón número 12 del Ejército Nacional valiéndose de explosivos improvisados. Además, amedrentan a los civiles con panfletos y en ocasiones los retienen ilegalmente, acción que se entiende como una forma de secuestro.

“La ubicación de personal de ambos bandos cerca de las viviendas y centros poblados, lo que representaría un desconocimiento del principio de precaución en el desarrollo de las hostilidades, con alta probabilidad de afectación a la población civil y sus bienes, la ocurrencia de desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, confinamientos, señalamientos y estigmatización de las comunidades”, dice la alerta.

El último evento de esta naturaleza se registró entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2021 en la zona de Venadillo y El Porvenir. En los hechos resultaron afectadas las comunidades campesinas e indígenas, que terminaron por desplazarse forzadamente de sus viviendas. Se contabilizaron 54 afectados, mayoritariamente mujeres, adultos mayores y niños, niñas y adolescentes, que tuvieron que trasladarse a una vereda vecina para resguardarse.

Así mismo, los grupos armados no solo han atacado a pobladores de Caloto, sino también a personas procedentes de otros lugares que arriban al municipio para trabajar por periodos cortos como contratistas de empresas privadas y prestadoras de servicios públicos.

Durante este año se conoce de por lo menos cuatro personas retenidas y tres más de las que aún no hay reportes. El último acto de secuestro se presentó el pasado 26 de febrero, cuando dos personas fueron sacadas de la comunidad del Guabito y hasta la fecha no hay información sobre su paradero. Por este acto, la Defensoría señala como responsable a la ‘Columna Móvil Dagoberto Ramos’.

Teniendo en cuenta el panorama de riesgo, el organismo de control y vigilancia llamó la atención de varias entidades del Estado para que intervengan en la situación y ayuden a restablecer los derechos de los afectados.

“Recomendamos la adopción de medidas urgentes que garanticen la prevención de violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y libertades civiles y políticas de la población que habita en las zonas antes referidas e impulsar acciones inmediatas de protección”, se lee en el documento.

El defensor Camargo solicitó al Ministerio de Defensa, la Alcaldía de Caloto y la Gobernación del Cauca que creen un plan de acción urgente con acciones dirigidas a “garantizar la seguridad y el control territorial”. Dicha estrategia deberá ejecutarse con ayuda de la Policía Nacional y el Ejército, a quienes también se les pidió ayuda en el caso.

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