Procuraduría reanudó proceso contra el general (r) Óscar Atehortúa por presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional

Con un nuevo procurador, el Ministerio Público reactivará el proceso que se adelanta contra el general (r) Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía Nacional, por presunta corrupción dentro de la organización. Las audiencias fueron suspendidas por más de un mes por el cambio de funcionario en cabeza del proceso. Esto, llevó a que se tuviera que otorgar tiempo para que nuevamente se estudiara el expediente del exuniformado.

De acuerdo con Semana, este miércoles, a las ocho de la mañana, inició una nueva jornada de audiencias a manos del ente disciplinario.

El último hecho relevante dentro del proceso ocurrió el pasado mes de noviembre y fue el allanamiento a las instalaciones de la Policía Nacional para la verificación de una posible alteración de los sistemas de investigación dentro de la entidad.

El caso en concreto hace referencia a presuntas irregularidades en un contrato de casas fiscales en el municipio de San Luis, en el departamento del Tolima y, también, por presuntas faltas del líder de la institución al investigar el caso.

Quien denunció la posible falta de Atehortúa fue el general William René Salamanca, quien se desempeñó como inspector general de la Policía. En uno de los cargos, el cual la Procuraduría considera de alta gravedad, se relacionó directamente con el presunto impedimento de Atehortúa a dicho funcionario inspector para dilatar la investigación del caso.

Según la Contraloría, el plan de vivienda se abandonó hace cuatro años, lo que habría incurrido en un daño fiscal por $5.364 millones por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional a través del Fondo Rotatorio.

El ente disciplinario reprochó “que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto CENOP, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad, lo que representaría una falta gravísima”, ante esto, la Procuraduría resaltó una reunión en 2019 entre el director de la Policía y el inspector en cuestión. En la cita, Óscar Atehortúa habría enviado a vacaciones a Salamanca por 400 días.

En una audiencia llevada a cabo el pasado primero de diciembre, los representantes de Atehortúa cuestionaron al inspector durante la primera parte de la audiencia, desde las 8 de la mañana. Posteriormente, fue el turno del director de la institución, compromiso que se extendió hasta las 7:10 de la noche.

Durante la diligencia, Salamanca reveló detalles del estado de las casas fiscales en el municipio del Tolima, las cuales, según su testimonio, se entregaron aún sin terminar su obra. Entre las dificultades, destacó “problemas de acceso, manifestaban problemas con las plantas de tratamiento de aguas residuales, problemas de mantenimiento, la piscina del comandante no funcionaba”.

A pesar de los señalamientos en contra del caso, Salamanca afirmó que seguirá al frente de la investigación. “Seguiré enfrentando la corrupción, sin dilación, seguiré atacando las expresiones de indisciplina interna para garantizar el futuro de mi policía”. Además, resaltó que no se estuviera acudiendo a esas audiencias si no se hubiese firmado el “contrato amigable” el 5 de abril del año 2014.

Las amenazas contra Salamanca

Coincidencialmente, al denunciar al general en retiro, Salamanca recibió amenazas contra él y su familia. Según el uniformado, según confesó a finales del año pasado, se ha sentido perseguido y ha visto movimientos extraños en las inmediaciones de su apartamento.

“He venido notando seguimientos, movimientos extraños en torno a mi casa (…) mi vida está en peligro y la de mi familia, pero también la vida de unos hombres que están cumpliendo con su labor constitucional y legal”, expresó el uniformado en una de las audiencias. Por otro lado, la defensa de Atehortúa considera que se trata de una persecución a su cliente por parte de Salamanca.

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