Fiscalía incautó el tenebroso parqueadero Padilla en Medellín: el predio habría servido de centro de operaciones de los paramilitares de las AUC de Carlos Castaño

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó imponer medidas cautelares sobre los inmuebles que conformaron el denominado Parqueadero Padilla, un lugar que, de acuerdo con las investigaciones judiciales, fue utilizado como centro financiero y logístico de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Los bienes, cuyo avalúo supera los $18.000 millones, pasarán a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas, según confirmó la entidad en la mañana del 23 de junio.

La decisión judicial representa un nuevo avance dentro de las investigaciones patrimoniales relacionadas con uno de los lugares más emblemáticos en la historia del paramilitarismo en Colombia.

El predio original fue dividido en 18 inmuebles independientes y, según la Fiscalía, todos quedaron cobijados con las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fueron los encargados de materializar las medidas decretadas por el Tribunal, permitiendo que los bienes queden bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas, entidad encargada de administrar los activos que posteriormente pueden destinarse a la reparación de quienes resultaron afectados por el conflicto armado.

“Impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos. El predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes”, informó la Fiscalía mediante un comunicado oficial.

La historia del Parqueadero Padilla ocupa un lugar determinante dentro de las investigaciones sobre la expansión de los grupos paramilitares en Colombia.

El 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en este inmueble, ubicado en una zona estratégica de Medellín, luego de recibir información que apuntaba a que allí se confeccionaban uniformes para estructuras armadas ilegales. Sin embargo, durante la diligencia judicial encontraron mucho más que prendas militares.

En el lugar fueron hallados libros contables, registros financieros, documentos internos, equipos informáticos y soportes digitales que evidenciaban la existencia de una compleja estructura financiera utilizada para administrar recursos de las Accu, organización liderada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil y considerada el origen de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Fiscalía recordó que las investigaciones permitieron establecer que dicho centro financiero habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, conocido con el alias de Lucas, señalado como uno de los hombres de mayor confianza de los hermanos Castaño y encargado de administrar las finanzas de la organización armada.

“Los predios corresponden al lugar en el que, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un sitio donde, presuntamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares. Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Asimismo, se determinó que ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil”, detalló el ente acusador.

Aquel operativo marcó un punto de inflexión en las investigaciones contra las estructuras paramilitares. Los archivos encontrados permitieron conocer la manera en que las Accu manejaban sus recursos económicos, pagaban la nómina de sus integrantes y sostenían su expansión territorial mediante una compleja red financiera que, según diferentes investigaciones periodísticas y judiciales, involucraba movimientos bancarios, empresas y múltiples aportantes.

Diversos trabajos de investigación, entre ellos los realizados por Vorágine, Verdad Abierta y Rutas del Conflicto, han señalado que el material encontrado en el Parqueadero Padilla contenía miles de registros financieros, organigramas de las Accu, información sobre cuentas bancarias, documentos relacionados con empresas privadas y listados de personas naturales que habrían realizado aportes económicos a la organización ilegal.

Pese a la importancia de esas evidencias, durante años distintos sectores cuestionaron que el inmueble nunca hubiera sido objeto de un proceso efectivo de extinción de dominio, mientras avanzaban las investigaciones sobre los propietarios del predio y la posible procedencia de su patrimonio.

Con la decisión anunciada por la Fiscalía, los inmuebles que integraban el antiguo Parqueadero Padilla quedan ahora bajo medidas cautelares mientras continúa el proceso judicial para establecer si esos bienes tienen origen o destinación vinculada con actividades ilícitas relacionadas con el conflicto armado y, de ser así, avanzar hacia su incorporación definitiva al patrimonio destinado a la reparación de las víctimas.