Se registran más de 2.600 víctimas de desplazamiento intraurbano en Buenaventura este año: OCHA

Muchas familias han buscado refugiarse al interior de su círculo social que habita sectores urbanos de Buenaventura, donde el impacto de la violencia no ha sido tan drástico; otras se desplazaron hacia ciudades del departamento.

Familias desplazadas de Buenaventura. Foto: Twitter Carolina Guerra
Familias desplazadas de Buenaventura. Foto: Twitter Carolina Guerra

Desde finales de 2020, la presencia armada y disputa territorial al interior de un Grupo Delictivo Organizado (GDO) en varios sectores de Buenaventura, Valle del Cauca, ha desencadenado hechos de desplazamiento intraurbano silencioso como medida de protección.

Muchas familias han buscado refugiarse al interior de su círculo social que habita sectores urbanos de Buenaventura, donde el impacto de la violencia no ha sido tan drástico; otras se desplazaron hacia ciudades del departamento.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), en lo que va corrido del año, 2.684 habitantes de Buenaventura han sido víctimas de desplazamiento intraurbano a causa de la violencia. La totalidad de afectados corresponde a 822 familias.

“El recrudecimiento de la violencia en Buenaventura no sólo ha afectado a la población que ha sido desplazada, sino que también vulnera los derechos de personas que por diversas circunstancias decidieron permanecer en sus hogares; pues éstas pasan sus días en medio de la angustia y temor de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctima de amenazas” indicó la ONU.

En Colombia, según la Defensoría del Pueblo, unas 11.150 personas se han desplazado en el país en lo que va de este año, por enfrentamientos entre grupos armados que se disputan los territorios para dominar el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

“Han sido 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias -11.150 personas- de las cuales el 90 % pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

De acuerdo con el defensor, estás situaciones están enmarcadas de manera particular en las disputas de, entre otros actores, facciones disidentes de las Farc, exactamente de los frentes 36 y 18, el ELN, el Bloque Virgilio Peralta Arenas, ‘Los Caparros’ y grupos de crimen organizado contra el ‘Clan del Golfo’ en el noroccidente del país, enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas, entre otras.

“Los escenarios de estas situaciones se multiplican en el territorio, participando diferentes grupos del crimen organizado bajo múltiples denominaciones que cambian según los territorios, que entre el 1 de enero y la fecha han generado desplazamientos forzados, homicidios, masacres, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, amenazas contra líderes indígenas, asesinatos de excombatientes, entre otros delitos, particularmente en el suroccidente del país, Catatumbo y la frontera colombo venezolana”, argumentó Camargo

Obispo de Buenaventura denuncia amenazas de muerte pero dice que seguirá revelando lo que vive el puerto

monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de la Diócesis de Buenaventura
monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de la Diócesis de Buenaventura

El pasado 2 de marzo, monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, denunció que ha estado recibiendo amenazas contra su vida por las declaraciones que ha entregado sobre la violencia y la corrupción que rigen en el distrito.

“He venido recibiendo unas amenazas, por parte de algunas personas que dicen que son poderosos en el Distrito, y que les incomoda las declaraciones del Obispo de Buenaventura. Una persona informó a un sacerdote que le habían ofrecido dinero para quitarme la vida”, dijo el sacerdote.

Monseñor Jaramillo ha sido una de las voces que revela lo que vive la comunidad en esa ciudad del Valle del Cauca, sobre la ola de asesinatos, los enfrentamientos entre bandas criminales por el control del territorio, el reclutamiento de los jóvenes que alimenta esta guerra urbana, el desplazamiento y los actos de corrupción que tienen a uno de los puertos marítimos más importantes de Colombia sumido en la pobreza.

“Hay muchos intereses, desde políticos, económicos, narcotráfico y delincuencia que se sienten tocados y no quieren que nadie los mencione siquiera”, sostuvo el obispo.

El sacerdote informó que las denuncias ya las ha tramitado ante las autoridades y le están prestando seguridad policial. “Estamos en las manos de Dios, en la comunidad que nos cuida y en la seguridad de que alguien tiene que hablar, tiene que ser la voz de los que no tienen voz en medio de tanta violencia”, comentó.

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