Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de “lavarse las manos” con la política de ‘Paz Total’: “Esa decisión tiene nombre propio”

Un nuevo e intenso cruce se registró en la jornada del jueves 14 de mayo de 2026, cuando la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, arremetió contra el congresista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, por cuenta de lo que sería el fracaso de la política de ‘Paz Total’. La aspirante presidencial arremetió contra su contendor, al aprovechar la controversia causada por los audios conocidos de las disidencias de las Farc.

Valencia, a través de la red social X, sostuvo que el deterioro de la seguridad en las regiones es la consecuencia de una “decisión política” adoptada por Cepeda y el oficialismo, tras conocerse las conversaciones del jefe de la estructura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá en Guaviare, en las que mencionó a la campaña presidencial de Cepeda y deseó el éxito del candidato de izquierda.

En su publicación, lo responsabilizó por los hechos de presión armada registrados en las elecciones del 8 de marzo. “No se lave las manos. Lo que usted hoy denuncia, ayer lo construyó. La ‘Paz Total’ no fue un error de cálculo: fue una decisión política. Hoy, esa decisión tiene nombre propio en cada vereda donde un fusil le dice a un campesino por quién votar”, afirmó Valencia en su mensaje, cuyo destinatario fue el político de izquierda.

Esta respuesta de Valencia se conoció luego de que el candidato del Pacto Histórico tuviera que salirle al paso a la controversia que se generó en el espectro político y rechazar lo dicho por alias Rogelio Benavides, que en una conversación filtrada fue claro en su deseo. “Ojalá gane el compañero Cepeda (…) Ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros“, se le escuchó al subversivo, hombre de confianza de ”Calarcá“.

¿Cuál fue la posición de Iván Cepeda frente al apoyo de las disidencias de las Farc?

En respuesta, Cepeda denunció ante las autoridades que recibió información sobre coacciones ejercidas por organizaciones armadas para inclinar la votación en territorios específicos. “En los últimos días, he recibido información proveniente de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, la cual pongo en conocimiento de la opinión pública y será remitida a las autoridades competentes”, afirmó.

Dicha información daría cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”. Un pronunciamiento que se hizo público en el mismo día en que se revelaron los contenidos de lo que serían reuniones obligatorias en zonas rurales de Guaviare, con jornadas de carnetización.

A su vez, Cepeda precisó que no aceptará, en ninguna condición, el condicionamiento armado del proceso electoral. “Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados”, agregó.

Cabe destacar que el centro de la controversia gira en torno al papel de Cepeda como estratega y negociador central de la política de Paz Total, que quedó en firme con la Ley 2272 de 2022 que institucionalizó la apertura simultánea de procesos de negociación política y sometimiento judicial con diversos grupos armados, incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones.

Cabe destacar que Cepeda, desde el 2 de agosto de 2022 y hasta septiembre de 2025, fue presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República, que pasó a ser una comisión permanente desde entonces y en la actualidad su titular es el senador Julián Gallo, exguerrillero de las Farc. En este cargo, el candidato Cepeda lideró la expedición y el trámite de la Ley de Paz Total y actuó como negociador directo con el ELN.

El senador, que según las diferentes mediciones es el principal opcionado para ganar los comicios, argumentó que su enfoque prioriza la participación de la sociedad civil y la protección de los que han firmado acuerdos de paz. Y anunció que de llegar al Ejecutivo mantendría las negociaciones, aunque imponiendo condiciones más estrictas para garantizar la seguridad de la población civil ante secuestros y homicidios.