En vilo investigación de la JEP en Nariño por falta de seguridad en la zona

La Unidad de Investigación y Acusación UIA dice que, van 22 masacres en el departamento desde 2016.

Entrega del informe “TUMACO: CANSADOS DE LA GUERRA, ANHELANTES DE LA PAZ” por parte de la Corporación Yira Castro, en Bogotá. - JEP
Entrega del informe “TUMACO: CANSADOS DE LA GUERRA, ANHELANTES DE LA PAZ” por parte de la Corporación Yira Castro, en Bogotá. - JEP

A través de un comunicado, la JEP, por medio del Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), aseguró, este 3 de marzo, que la participación de 105.213 víctimas acreditadas ante el Tribunal de Paz en el caso 02 podría estar en riesgo si las condiciones de seguridad de Nariño no mejoran.

De acuerdo con el documento, el 21 de febrero se cometieron once asesinatos, que se sumaron a los 117 crímenes cometidos en esta zona del país desde el fin del conflicto con las extintas Farc, gracias al Acuerdo Final de Paz firmado entre este grupo y el Estado colombiano.

La Unidad de Investigación y Acusación UIA dice que, esta es la masacre número 22 que ocurre en el departamento desde 2016. En esta zona del país, la JEP ha investigado por más de dos años 2.524 crímenes cometidos entre 1990 – 2016 por integrantes de las extintas Farc y la Fuerza Pública.

La JEP abrió el caso 02 el 10 de julio de 2018. Este caso prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH, que afectan principalmente a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.

El territorio de estos tres municipios es de 527.743 hectáreas, tan extenso que podría abarcar el área de dos departamentos completos en Colombia. El 78 por ciento de estas tierras pertenecen legalmente a pueblos indígenas y afrodescendientes (resguardos indígenas y títulos colectivos del pueblo afrodescendiente).

Este caso territorial avanza gracias a un gran ejercicio de diálogo intercultural y de articulación con otras jurisdicciones, que es inédito en el mundo y que cumple con disposiciones –que hasta ahora estaban pendientes– de la Constitución Política de 1991.

Localización geográfica de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. En azul se observa la zona donde se ubican los resguardos indígenas del territorio y en verde los consejos comunitarios de la zona. Haga clic sobre el mapa para ampliar.
Localización geográfica de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. En azul se observa la zona donde se ubican los resguardos indígenas del territorio y en verde los consejos comunitarios de la zona. Haga clic sobre el mapa para ampliar.

“Esto ha permitido a la JEP alcanzar hitos históricos como la acreditación del Katsa Su, gran territorio awá, la realización de 29 audiencias interjurisdiccionales, 13 jornadas de aproximación del caso a las víctimas en territorio, una práctica restaurativa con víctimas y cuatro diligencias de construcción dialógica de la verdad”, asegura el tribunal en su página oficial.

Asimismo, se han acreditado 18 consejos comunitarios afrocolombianos, 45 resguardos y 52 cabildos indígenas, una organización de campesinos, dos grupos de víctimas (población LGBTI y campesinos), 20 mujeres y 17 víctimas individuales. Estas dos formas de acreditación -colectiva e individual- han consolidado un total de 84.599 víctimas en el macrocaso.

Hasta la fecha, en el marco de este macrocaso se han recibido doce informes específicos y se han rendido 32 versiones voluntarias por parte de 18 comparecientes. La mayoría de las diligencias judiciales se han realizado en los territorios priorizados, permitiendo así, materializar los enfoques étnico, territorial y de género.

En 2019 se inició la acreditación de alrededor de 5.000 familias campesinas de 25 veredas ante la JEP, en las diferentes instancias de los procesos que cursen en el Caso 02. Igualmente, en un informe preliminar, entregado a esta jurisdicción, denunciaron las conductas violentas ocurridas en el marco del conflicto armado contra las personas que pertenecen a las comunidades campesinas de los territorios priorizados.

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