Gobierno responde a la JEP y asegura que sí se está trabajando por la seguridad de los excombatientes

Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamara la atención del Gobierno nacional para que garantice el derecho a la vida de los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, se refirió al tema. El funcionario aseguró, este miércoles 3 de marzo, que sí se están ejecutando las acciones apropiadas para evitar que los firmantes del acuerdo sean violentados.

“Frente a la seguridad de excombatientes no hemos estado cruzados de brazos. Durante estos 30 meses hemos cumplido la directiva del presidente Ivan Duque para coordinar a todas las entidades que tienen responsabilidad en este frente para focalizar las atenciones y medidas. Es un engaño pensar que hay negligencia o complicidad por parte del Estado para que sucedan estos hechos”, aseguró Archila durante una visita al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, ubicado en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.

En concreto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó reforzar siete puntos de la estrategia de protección de los excombatientes. En estos tienen competencia el Ministerio de Defensa (MinDefensa), el Ministerio del Interior (MinInterior), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía general de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Ante esta directriz, Archila explicó que los errores son comunes en el proceso, pero que “el Gobierno no está cruzado de brazos”. El funcionario aseguró que se revisarán esos siete puntos para que el proceso marche satisfactoriamente.

De igual forma, manifestó que las acciones para evitar la violencia contra los excombatientes, y la población en general, es una tarea que debe desarrollarse de forma articulada. El consejero señaló que tanto el Gobierno, como la JEP, tienen un enemigo común: los narcotraficantes y miembros de grupos organizados al margen de la ley, y contra ellos deben estar dirigidos los ataques de todas las entidades.

“La UNP está más que dispuesta a implementar las medidas que ya se habían adoptado. Lo importante para el proceso es que todos los que estamos en esto, congresistas, jueces y el Gobierno nos unamos en un propósito: que no existan ataques en contra de quienes están legítimamente en reincorporación”, reiteró Archila

Cabe recordar que, esta declaración se dió un día después de que la JEP emitiera un documento de tres páginas en el que expone que los actuales esfuerzos gubernamental no son suficientes para proteger de manera integral a más de 9 mil excombatientes.

En relación con los puntos por mejorar, el mecanismo de justicia encontró que al interior de la Defensoría del Pueblo no se ha establecido una dependencia que coordine de manera general los temas de garantías de derechos de los excombatientes.

“Hay un bajo nivel en el acatamiento de las recomendaciones que hace la entidad al Ministerio del Interior, pero tampoco hay acciones judiciales o disciplinarias interpuestas ante las autoridades que busquen asegurar el cumplimiento de las competencias de las entidades del Gobierno en materia de protección de excombatientes”, señaló.

De igual forma, se encontró que persiste la desarticulación, ausencia o escasez de respuesta pronta y eficaz por parte de las autoridades competentes para la mitigación o disuasión de riesgos. Además, los espacios interinstitucionales “no resultan eficaces para ese propósito, ni se detectan herramientas o instrumentos idóneos de medición de resultados de las acciones emprendidas”, advirtió.

En el caso de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, la JEP halló que las cifras de esclarecimiento de los hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas reincorporadas de las Farc-EP solo reflejan 33 sentencias articuladas en los 280 procesos iniciados.

Respecto a las amenazas, la jurisdicción manifestó que la situación es más compleja, pues apenas se han proferido 7 sentencias en las 251 investigaciones realizadas, lo cual no representa ni siquiera el 2 por ciento de las investigaciones.

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