Multas millonarias e inhabilidades serán las sanciones que recibirán ejecutivos involucrados en el caso de Odebrecht

Fernando Carrillo aseguró que la nula ayuda de entidades judiciales extranjeras retrasó el proceso de investigaciones en esta caso de corrupción que también salpicó a Colombia.

Fernando Carillo dio detalles de las que serían las sanciones que recibirán “en las próximas horas”,  los involucrados en el caso de la constructora multinacional brasileña, que van desde pago de sanciones millonarias y laborales.
Fernando Carillo dio detalles de las que serían las sanciones que recibirán “en las próximas horas”, los involucrados en el caso de la constructora multinacional brasileña, que van desde pago de sanciones millonarias y laborales.

Como “una de las decisiones de mayor relevancia adoptada por la Procuraduría General de la Nación” definió el jefe de ese ente, Fernando Carrillo, a las millonarias multas e inhabilidades que se le impondrán a particulares que hayan hecho parte de uno de los escándalos de corrupción del país y de Latinoamérica: Odebrecht.

Para una entrevista para RCN Radio, en la mañana de este 14 de enero, Fernando Carillo dio detalles de las que serían las sanciones que recibirán “en las próximas horas”, los involucrados en el caso de la constructora multinacional brasileña, que van desde pago de sanciones millonarias y laborales.

“Lo que puede decir, para evitar problemas legales, esperando que salga esta tarde la decisión, es que se emitirán sanciones contra una serie de ejecutivos, que prácticamente se desentendieron de sus responsabilidades penales y disciplinarias”, comentó el funcionario en su diálogo con la emisora.

Carrillo aseguró que las medidas a tomar hacen parte de un esfuerzo exclusivo nacional pues, aunque intentaron buscar colaboración de entidades judiciales extranjeras, no existió la posibilidad, y que lo único que recibió fueron negativas.

“Hubo incluso protección por parte de sus Estados y me refirió a la justicia brasileña, nosotros presentamos, pero miles de veces, buscar esa cooperación judicial con Brasil, pero todo fue un cierre de la puerta en la cara”, sentenció.

El objetivo entonces, según el jefe del Ministerio Público, es que, con las limitadas posibilidades que tiene Colombia sin la colaboración de la justicia internacional, se adelanten los procesos judiciales respecto al caso, por lo menos la parte que abarca al territorio nacional.

“Lo que se logra demostrar con determinadas pruebas es que se dieron unos actos fraudulentos cometidos por funcionarios particulares de esa multinacional, que implicaron fraudes, engaños y falsedades en documento público”, explicó Carillo frente al plan.

La cooperación reducida a la que se ve sometida la justicia colombiana, aún y cuando hay más países directamente involucrados con el escándalo, como el mismo Brasil, pretende hacer que las acciones que no se pudieron ejecutar en un principio frente a los implicados en el caso, tengan una conclusión ahora, cuando ya han pasado varios años desde el destape de la polémica que involucró a empresarios, políticos, incluso presidentes y varios personajes públicos.

“Son multas, son sanciones indemnizatorias y son inhabilidades y es importante este tema, porque una de las batallas que lamentablemente perdimos (…) ya que si nosotros hubiéramos tenido un régimen de responsabilidad penal y criminal en las personas jurídicas a estos señores les hubiéramos podido sacar antes del ejercicio del tráfico mercantil para que no volvieran a hacer negocios en Colombia y sancionar a la compañía”, lamentó Carrillo.

Las demoras en las sanciones no solo se vieron truncadas debido a la falta de colaboración judicial extranjera, sino también por la consideración de que algunos particulares que están involucrados en el caso como eran “totalmente ajenos a la acción disciplinaria”.

Sin embargo, y con el anuncio que queda en punta respecto a las sanciones que se impondrán en las próximas horas en contra de dichos particulares, de acuerdo con lo reportado por Carrillo, la justicia colombiana aún cuenta con la esperanza de que se “resuciten los escenarios de cooperación judicial”, lo que habría ayudado a adelantar los procesos dentro de Colombia, y evitar que se prolongaran las ganancias de las personas que intervinieron en los actos ilegales que, según recordó el portal de RCN Radio, ascienden a los siete billones de pesos.

“Creo que han cambiado las condiciones políticas en Brasil y ojalá llegara un momento en que nos ayudara o el departamento de Justicia de Estados Unidos o la propia justicia brasileña para saber la verdad definitiva sobre estos casos, que nos quedaron debiendo”, aseveró el funcionario.