110 reclusos han muerto en las cárceles del país a causa del COVID-19

Así lo informó el Inpec, que también dio cuenta de la cantidad de contagiados por la enfermedad en los centros penitenciarios colombianos, incluidos funcionarios.

Un guardia penitenciario vigila la cárcel Modelo de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
Un guardia penitenciario vigila la cárcel Modelo de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Un nuevo informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló, este 23 de diciembre, que en lo corrido de este año un total de 110 reclusos de los 132 centros de reclusión del sistema carcelario colombiano han perdido la vida a causa del covid-19, informó RCN Radio. De estos, 104 fueron hombres y sólo 6 fueron mujeres.

El mismo reporte advierte que unas 21.000 personas se contagiaron con la enfermedad, entre las aproximadamente 96.100 privadas de la libertad vigiladas por el Inpec actualmente, los funcionarios y los guardianes de la misma institución.

Según detalló la institución, de dicha cifra, 19.068 corresponden a condenados en las cárceles del país; 1.124 pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia; 248 son auxiliares de la anterior corporación y 105 hacen parte de la unidad administrativa. De estas, agregó la emisora colombiana, 20.545 ya están recuperadas.

En un balance de la situación actual, el director del Inpec, general Norberto Mújica, apuntó que el número de casos viene en descenso y que actualmente se tiene cuenta de 481 personas contagiadas con el coronavirus en 56 centros penitenciarios. De estos, 420 corresponden a privados de la libertad; 51 a funcionarios de custodia y vigilancia y 10 a empleados administrativos.

“Hemos venido bajando los índices de contagios. Hoy ya tenemos menos de 500 casos, ahora se nos han venido presentando diariamente uno o dos casos en diferentes establecimientos. Y estos últimos casos se nos han venido presentando en la recepción de condenados de las diferentes estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI)”, dijo el general, citado por el medio. El funcionario aseguró que la cantidad es mucho menor a la registrada en meses como junio y septiembre.

Las cifras, sin embargo, han sido objeto de críticas por parte de organizaciones como la Fundación Cárceles al Desnudo, que asegura que se han presentado problemas en la atención prestada a los reclusos. Al respecto, su directora, Esmeralda Echeverry, le dijo a la emisora que “la crisis generada por covid-19 en las cárceles del país ha evidenciado las múltiples irregularidades en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), unidad que fue creada para garantizar y administrar los recursos económicos dirigidos a la población reclusa”.

La jefa de la fundación señaló que esto se debe a un aumento en la corrupción al interior de la institución, que falló en hacer una entrega oportuna de elementos de bioseguridad como tapabocas y antibacterial, así como de medicinas “y mucho menos atención médica para los privados de la libertad que además, muchos de ellos se encontraban con enfermedades de base como hipertensión y diabetes”.

Por dichos motivos, Echeverry dijo que existe un desinterés estatal por garantizar la vida y la salud tanto de los internos como de los funcionarios del Inpec. En ese sentido vale recordar los motines que se presentaron al interior de varias cárceles del país durante el mes de marzo de este año, cuando los reclusos iniciaron protestas por faltas de garantías para prevenir contagios al interior de los centros penitenciarios y que resultaron en las muertes de por lo menos 24 personas en la cárcel La Modelo, hechos que hoy continúan en investigación.

Sobre el manejo dado por el Estado a la pandemia en los centros carcelarios, también vale mencionar las condiciones de hacinamiento, que desde la pandemia se han reducido en un 19,9 por ciento, por cuenta del decreto 546 que permitió el cambio a reclusión domiciliaria a quienes cumplen ciertos requisitos; y la prohibición de visitas, que rigió hasta inicios de este mes, cuando inició un programa piloto que permite el ingreso de un familiar por recluso, con aforo para hasta 50 personas.

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