Alerta por desplazamiento masivo que ya completa cuatro días en Bajo Baudó, Chocó

La Oficina de Naciones unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA) emitió una alerta debido a recientes casos de desplazamiento forzado en los que, según El Espectador, 490 personas han tenido que huir del Bajo Baudó hacia Puerto Granada y Chocó desde hace cuatro días. Dentro de los afectados se encuentran comunidades indígenas.

Las familias, señala El Espectador, le piden al gobierno nacional un albergue provisional y la entrega de kit de hábitat, pues se han movilizado hacia estos municipios en busca de alojamiento en casas de conocidos. La OCHA aseguró para el medio que las amenazas directas recaen sobre docentes y líderes comunitarios de la zona que están siendo estigmatizados. Exigen que la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección active rutas de atención y protección y que la fuerza pública haga presencia en la zona disputada por el Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN y disidencias de las Farc.

Indígenas de las comunidades de Villa nueva y La Loma, resguardo Río Puricha, también han sido afectados. Además, la Alcaldía pide ayuda a organizaciones humanitarias para dar cumplimiento a la población afectada en el Bajo Baudó, municipio que ese año ya se han presentado tres emergencias similares.

El Espectador también asegura que la comunidad teme por lo que pueda pasar con sus territorios luego de haber huido, pues su principal actividad económica depende de los cultivos de plátano, ñame y maíz.

La OCHA, a lo largo de este año, ha denunciado la emergencia por desplazamientos que se presenta en el país. Entre enero y octubre de 2020, 21.062 personas han sido desplazadas en 79 eventos masivos. El 67% de los casos de presentan en los departamentos de la región Pacífica, especialmente en Nariño y Chocó. También, la organización alerta sobre los confinamientos a los que han sido sometidas cerca de 65.298 personas. El 49% de los casos ocurrieron en el Catatumbo, Norte de Santander y el 51% restante en Chocó, Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca.

Asimismo, según la OCHA, hasta agosto de este año, se presentó un aumento del 32% en comparación con el 2019 de los casos de desplazamiento. Señaló que la recurrencia de los eventos en los mismos municipios genera revictimización y el desborde de capacidad para atender las necesidades generadas.

Incluso, el 18 de septiembre, la Defensoría del Pueblo también solicitó la activación de protocolos de protección de derechos humanos y rutas de atención para la comunidad del Alto Baudó, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que ocasionaron el desplazamiento de 450 personas. Las comunidades indígenas de Dipurdú, Siorodó, Konodó y Santa Catalina de Catrú también se vieron afectadas.

Según la Defensoría del Pueblo, una de las principales causas de la crisis en el departamento es la pobreza, que obedece a instituciones débiles, difíciles condiciones geográficas y climáticas que afectan los costos de producción y aíslan a la población del resto del país, la economía enfocada casi exclusivamente a la minería de oro y el aislamiento económico al que ha sido sometido el departamento. Además, en los últimos años, la incursión de grupos armados ilegales ha tomado fuerza, así como la minería ilegal e informal.